La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) han abierto un proceso paralelo de consulta pública sobre las evaluaciones científicas iniciales del glifosato. Estará abierto durante 60 días (a contar desde el 23 de septiembre) y su objetivo es recibir opiniones sobre el informe de evaluación para la renovación de la autorización de la sustancia (en el caso de la AESA) y sobre el informe relativo a su clasificación y etiquetado (en el caso de la ECHA).
Hay que recordar que las evaluaciones científicas iniciales que se someten a consulta fueron preparadas por el grupo de evaluación del glifosato, formado en esta ocasión por las autoridades competentes de Francia, Hungría, Holanda y Suecia. Todas las aportaciones que lleguen a ambas agencias en el marco de este proceso se publicarán en sus respectivas páginas web.
Teniendo en cuenta las aportaciones, la ECHA presentará su opinión sobre la clasificación del glifosato en el marco de la normativa sobre clasificación, etiquetado y envasado. La clasificación de productos químicos se basa únicamente en las propiedades peligrosas de una sustancia, sin tener en cuenta su uso o la probabilidad de exposición a la misma. La exposición se considera parte de la evaluación de riesgo de las sustancias activas pesticidas, de la que se encarga la AESA.
En su clasificación actual (que data de 2017) se considera que el glifosato provoca daños serios en los ojos y es tóxico para la vida acuática con efectos duraderos pero no entra a determinar si puede provocar mutaciones en las células, cáncer o problemas reproductivos.
La evaluación de los expertos de los cuatro países citados no ha recomendado cambios en esta clasificación. La AESA tendrá en cuenta el informe de la otra agencia y presentará el suyo este año. Sobre la base del mismo, la Comisión, junto con los Estados miembros, decidirán si se renueva, o no, la autorización del glifosato en la UE.
La actual expira el 15 de diciembre de 2022. Aunque la sustancia está autorizada en la UE hasta esa fecha, los Estados miembros son los que deciden la autorización, o no, de los productos que la contienen.
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