Unas 40 ONGs han dado esta semana, en varias capitales europeas, el pistoletazo de salida a la iniciativa ciudadana para conseguir que se prohíba el glifosato. La Comisión Europea reconoció en enero la validez de este proceso.
De este modo, las organizaciones disponen ahora de 12 meses para recoger un millón de declaraciones de apoyo a la prohibición del herbicida procedentes de al menos siete Estados miembros.
Si en ese período se consigue el objetivo la Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para responder: podrá decidir dar curso a la petición, o no. En cualquier caso, deberá justificar su decisión.
De acuerdo con la normativa que regula el procedimiento de “iniciativa ciudadana europea”, la acción en cuestión, para ser aceptada, debe ser algo en lo que la Comisión tenga competencia para presentar una propuesta y no debe ser manifiestamente abusiva, irrealista o vejatoria ni tampoco contraria a los valores de la Unión.
