La portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este martes -7 de marzo- al Gobierno de Pedro Sánchez que baje el IVA de los productos básicos sin gluten al 4% para apoyar a las personas celiacas a hacer frente a la subida de la cesta de la compra, ya que es una medida que depende solo del gobierno nacional.
Este domingo un millar de personas se manifestaron en Madrid para pedir ayudas económicas para los celiacos y personas sensibles al gluten, obligadas a gastar 900 euros más al año en la cesta de la compra. Por ello, el PP ha instado al Gobierno a través de un comunicado a que escuche los reclamos de estas familias.
Desde el PP recordaron que los Estados miembros tienen la competencia para fijar o cambiar los tipos de IVA de los productos y alimentos sin gluten, al igual que sucede con este tipo de impuesto a otros productos.
Tal y como confirmó la Comisión Europea a una pregunta del PP a finales del año pasado, “las medidas para paliar la incidencia del coste de los alimentos sin gluten son competencia nacional».
La Unión Europea logró en diciembre de 2021 un acuerdo para atribuir a los Gobiernos más libertad para elegir qué productos se benefician de un IVA reducido y ampliar la lista de productos a los que los Estados miembros pueden aplicar un gravamen inferior al 15 %, que sigue siendo el mínimo fijado para el tipo estándar.
En España hay entre 600.000 y 900.000 celiacos
Por ello, los Estados miembros pueden aplicar un tipo inferior al 5 % o incluso eximir del pago de este impuesto a una serie de artículos básicos, entre ellos alimentos, medicinas o productos farmacéuticos.
En su respuesta al PP, la Comisión señaló que «el nuevo régimen faculta a los Estados miembros para utilizar los tipos del IVA para contribuir a conseguir objetivos estratégicos como la protección de la salud”.
Según las cifras de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, en España hay entre 600.000 y 900.000 celiacos y una cifra similar de personas con sensibilidad al gluten, por lo que más de un millón de personas se ven obligadas a comprar productos sin ese componente.