El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Medidas de mejora de la cadena alimentaria, con lo que se completa el desarrollo normativo de esta Ley.
El texto establece disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria.
Estas incluyen la creación de un Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias en el que se podrán inscribir las empresas que voluntariamente hayan decidido adherirse al Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
También se recoge la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación si no hay acuerdo a la hora de fijar el precio en los contratos correspondientes a la primera venta de productos agrarios no transformados.
Además, se incluyen como condiciones que una de las partes del contrato sea una organización de productores y que las dos partes estén adheridas al Código de Buenas Prácticas.
En relación con este Código hay que decir que las partes implicadas –productores, industriales y distribuidores- todavía están negociando su contenido.
El Gobierno aprobó también ayer otro Real Decreto que regula el régimen de controles a realizar por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), así como la planificación de las labores de control y las actuaciones inspectoras de este organismo.
Según el Ministerio de Agricultura, este Real Decreto aporta transparencia e información a los operadores, ya que al publicarse los procedimientos de inspección de la Agencia cualquier operador de la cadena puede saber qué debe esperar de la actividad inspectora de la misma.
Por otro lado, refuerza la coordinación institucional de la Agencia con otros organismos. En el caso de que los inspectores, al realizar una inspección, detecten irregularidades en cuestiones que no sean de su competencia, podrán comunicarlo a las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Al término del Consejo de Ministros, la ministra de Agricultura señaló que los incumplimientos de la Ley de mejora de la cadena alimentaria no le saldrán gratis a ningún operador y que las infracciones reiteradas y las prácticas abusivas pueden estar gravadas con multas de hasta un millón de euros.
Organizaciones agrarias y cooperativas han celebrado la aprobación de estas normas de desarrollo, que supondrán más garantías para los productores y permitirán corregir el desequilibrio en las relaciones comerciales con los demás eslabones de la cadena.
También ASEDAS, la asociación que agrupa a los autoservicios y supermercados, considera una buena noticia la aprobación de estas normas para garantizar el cumplimiento de la Ley por parte de todos los operadores.
