El Gobierno francés destinará unos 12 millones de euros adicionales cada año a los “dispositivos de intervención financiera” para luchar contra el suicidio y la depresión de los agricultores. El ministro de Agricultura, Julien Denormandie, anunció la medida el 22 de noviembre, durante la presentación de la hoja de ruta interministerial para este problema.
Esta partida duplica el presupuesto asignado a los dispositivos de acompañamiento económico (ayuda al diagnóstico de la explotación y ayuda a su reactivación, que pasa de 3,5 a 7 millones de euros) e incrementa el destinado a la ayuda al descanso, que pasa de 3,5 a 5 millones de euros al año. También aumenta la ventaja fiscal por sustitución, el derecho a un capital por fallecimiento para los herederos del agricultor y el reforzamiento de la ayuda financiera simplificada dirigida a mejorar las condiciones de trabajo.
Entre las demás medidas clave, el Gobierno tiene previsto crear “más de 100 comités” en los departamentos “de aquí a finales de 2022” para coordinar la puesta en marcha de la hoja de ruta “lo más cerca posible del terreno”. También tiene previsto estructurar y reforzar la red de vigilantes a través de las delegaciones locales del MSA (la seguridad social agraria francesa) y en cooperación con las agencias regionales de salud.
Buena acogida, con algunos “peros”
La asociación Solidaridad Rural ha dado una buena acogida a las medidas anunciadas por el Gobierno para acompañar a las familias endeudadas, reforzar la ayuda al descanso y apoyar financieramente la mejora de equipos de trabajo. Sin embargo, lamenta que “no se aborden las causas colectivas de las dificultades” que afrontan los agricultores, como son las bajas rentas. Lamenta también el papel clave que se otorga a los “acreedores” (la MSA) para estructurar la red de vigilantes.
Por su parte, las organizaciones FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores y Jóvenes Agricultores), las cámaras agrarias (APCA) y la MSA han aplaudido el contenido de la hoja de ruta, que “trata de construir los puentes que faltan entre las iniciativas y las estructuras” y “va a revisar lo que no funcionaba”, en referencia a la flexibilidad para la concesión de la ayuda a la recuperación de la explotación agraria y a la “posibilidad de que los agricultores estén acompañados ante los tribunales por representantes de asociaciones y sindicatos”. El único fallo, en su opinión, es que el Gobierno no haya considerado su propuesta de crear una ayuda “de relevo” para facilitar la transmisión de la explotación de un agricultor con dificultades a un joven.
Inclusión en el plan de salud mental
Durante la presentación de la hoja de ruta, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, declaró que las “disposiciones de derecho común pueden y deben beneficiar a los agricultores”. Hacía referencia, en particular, a la posibilidad de contar con ocho sesiones con un psicólogo contempladas en el seguro obligatorio de enfermedades.
La medida deriva de las Bases de salud mental y psiquiatría de finales de septiembre, que el Parlamento ha validado posteriormente en el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2022. Véran recordó que en octubre se habilitó un número de teléfono gratuito para la prevención del suicidio y precisó que su Ministerio trabaja para coordinarlo con el dispositivo “Agri’écoute” de la MSA, que “tiene la particularidad de conocer perfectamente el mundo rural y comprende los problemas de salud mental” más habituales entre los profesionales.
