La deuda con Castilla-La Mancha por el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura asciende a 106 millones de euros desde que en el año 1986 el Gobierno central acordara compensar a las autonomías por los caudales cedidos a la cuenca del Segura.
Estos son los cálculos del Ejecutivo autonómico. El director de la Agencia del Agua de esta Comunidad, Antonio Luengo, informó sobre la deuda histórica que mantiene el Gobierno central con esta región en materia de agua durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes regionales.
El trasvase es una infraestructura de 292 kilómetros que entró en funcionamiento en 1979, está dividido en tramos y es aprovechado a lo largo de su recorrido por distintos usuarios a los que se ha asignado «un volumen potencial» en base a tres conceptos: obras, gastos fijos y gastos variables.
El Gobierno central acordó en 1986 transferir a las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura lo cobrado por la parte relativa a obras, y a Castilla-La Mancha le corresponden cuatro novenas partes.
Sin embargo, tras más de 35 años de trasvase se ha amortizado solo un 37,8% del coste de las actuaciones, cuando ya debería haberse alcanzando el 60%. Por ello, Luengo se preguntó quién se hará responsable de la deuda si el trasvase dejase de funcionar.
Tarifas
Por otro lado, el director de la Agencia del Agua añadió que a los regantes -fundamentalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS)- se les aplican las tarifas en función a los volúmenes realmente consumidos y, a su juicio, esto significa que Castilla-La Mancha «está perdiendo».
En este sentido, subrayó que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura elabora periódicamente un documento sobre tarifas, según lo previsto en la Ley 52/1980, y que, revisando la normativa, vieron que dichas tarifas «se estaban aplicando mal», y así se lo comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que supuso una revisión con una subida a los regantes que motivó un recurso judicial por parte de SCRATS.
