La guerra del agua continúa más viva que nunca, sobre todo tras la propuesta de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura de autorizar un trasvase de 60 hm3 hasta junio, a razón de 20 hectómetros cúbicos al mes.
No obstante, la decisión final está en manos del Gobierno, pero la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ya ha dejado claro, que el memorándum que rige el funcionamiento del trasvase es “objetivo y transparente”, está “perfectamente reglado” y, por lo tanto, el Gobierno lo cumple “en su literalidad y sin arbitrariedades”.
También ha recordado que dicho memorándum fue aprobado en 2015 con el consenso de las cinco Comunidades Autónomas implicadas y “da prioridad a la cuenca cedente”.
Como en toda guerra siempre hay varios bandos, en este caso, están, por un lado, los que defienden que hay agua para todos y, por otro, los que no.
La cuenca cedente en contra
Castilla-La Mancha está radicalmente en contra de la decisión de trasvasar los 60 hm3 de agua. El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha tachado de «insultante» la propuesta de la Comisión de Explotación. A su juicio, es lamentable que después de meses de sequía «no se haya aprendido a organizar de una vez por todas y en serio la gestión del agua».
El portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha criticado que Castilla-La Mancha esté «condenada» a no tener más de 400 hectómetros cúbicos de agua en los embalses de cabecera del Tajo.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, considera que la autorización del trasvase es «un absoluto error y una forma de engañar a los ciudadanos de esta tierra».
El consejero ha denunciado el hecho de que se aprueben tres trasvases seguidos, “cuando el agua acaba de superar una raya artificial, que no indica absolutamente nada, sino que pone de manifiesto que siguen llevando el agua de una España enormemente seca a otro lugar donde puede obtenerse por desalación».
Por ello, ha insistido la necesidad de «llegar a un acuerdo entre todos en materia del agua», un «pacto social a nivel nacional que reconozca la prioridad de las cuencas cedentes y que el agua que está en un territorio genere antes desarrollo en ese territorio».
A favor del trasvase
En el otro bando se sitúan los afectados por la falta coyuntural de recursos hídricos, los productores del Levante.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha señalado que el agua no es propiedad del que la tenga más cerca, y hay que terminar, de una vez, «con la contaminación política del agua para conseguir votos”.
«Hay agua disponible, la legislación lo ampara y los regantes lo necesitan»
Del Campo ha insistido en que hay un memorándum que asegura que las transferencias de agua se realizan cuando no se perjudica a la cuenca cedente, además ha hecho hincapié en que se subieron las garantías. En este sentido ha recordado que si con anterioridad se permitía el trasvase cuando entre Buendía y Entrepeñas sumaran 240 hectómetros cúbicos, estas «garantías» subieron a un mínimo de 400 y, en la actualidad, ambos embalses están por encima.
El presidente de Fenacore ha insistido en que «hay agua disponible, la legislación lo ampara y los regantes lo necesitan».
Asimismo, ha recordado que los productores de la huerta murciana, para no perder sus mercados, se han visto abocados a buscar zonas, con disponibilidades de agua, para plantar sus hortícolas. En áreas extremeñas o andaluzas se han empezado a plantar cultivos típicos del Levante como, por ejemplo, el brócoli, porque no pueden arriesgarse a perder sus clientes que, ante la falta de abastecimiento, buscan otros proveedores, de modo que las pérdidas económicas no solo se circunscriben a una campaña.
Por su parte, ASAJA Murcia ha considerado que la cantidad propuesta por la Comisión técnica es «insuficiente». El secretario general de la organización, Alfonso Gálvez, subrayó que no pueden continuar con esta incertidumbre, por lo que exigen «alternativas y soluciones definitivas» a la falta de agua.
Asimismo, ha criticado la postura del Gobierno de Castilla La Mancha “cuestionando la aplicación de la Ley y negándonos un bien que es de todos los españoles”.
