Guerra de cifras entre Ministerio y Castilla y León por la cofinanciación.

       Los agricultores y ganaderos de distintas Comunidades Autónomas vienen quejándose desde hace un tiempo de retrasos en los pagos de ayudas incluidas en los programas de desarrollo rural, como las de instalación de jóvenes, modernización de explotaciones o las agroambientales.

        Los fondos para pagar esas ayudas proceden de tres fuentes: el presupuesto europeo, el nacional y el de la Comunidad Autónoma.

        En relación con la financiación de esas medidas, el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura de Castilla y León han mantenido en los últimos días una guerra de cifras.

       Según la Consejería, el Ministerio no está aportando, desde el 1 de abril, la parte que le corresponde en el pago de las ayudas, por lo que la Consejería no puede abonar a los beneficiarios los fondos que les adeuda, entre los que figuran los de la indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas.

       El Ministerio, por su parte, ha recordado que el pasado mes de febrero se decidió establecer un límite provisional a la aportación de fondos de la Administración central a estos programas debido a los ajustes presupuestarios.

       Dicho límite se fijó en el 40% del total correspondiente a este año. El Ministerio se comprometió a aportar el resto de los fondos a medida que disponga del dinero.

       En el caso de Castilla y León ya se ha llegado a ese porcentaje del 40%, por lo que no habrá más fondos del presupuesto nacional para el programa de desarrollo rural de esta Comunidad hasta que el Ministerio disponga de más recursos.

       Castilla y León no es la única región que se encuentra en esa situación. Hay otras en las que también se ha cubierto ya ese porcentaje del 40%. Una de ellas es, por ejemplo, Aragón, donde está pendiente el pago de unos 17 millones de euros a sus beneficiarios, pero que no pueden abonarse hasta que llegue la parte de la administración central.

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