La Guardia Civil ha destapado un fraude alimentario en la comercialización de productos ibéricos en el que están implicadas siete empresas de las provincias de Badajoz, Salamanca, Madrid y Murcia y que ha llevado a la inmovilización de 29.000 piezas valoradas en más de un millón de euros.
En la operación -que se ha realizadado junto a los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES)- se ha detenido e investigado a diez personas como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, relacionados con la comercialización fraudulenta de productos cárnicos curados, principalmente de ibéricos.
Investigación
La investigación se inició cuando agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Hornachos (Badajoz), junto con los veterinarios del Área de Salud de Llerena-Zafra, inspeccionaron un establecimiento de alimentación del municipio de Zafra. En esta inspección se detectaron numerosas anomalías en productos cárnicos, principalmente en paletas, jamones y sus derivados (centros, loncheados) y se observaron graves deficiencias en la trazabilidad que impedía acreditar su origen legal, y además estaba almacenado junto a subproductos animales no destinados al consumo humano.
Ante las sospechas de que la citada empresa pudiera estar incurriendo en un supuesto ilícito penal, las gestiones practicadas por el Equipo de Investigación del Seprona de Badajoz pudieron constatar la comercialización ilegal de estos productos alimenticios con trazabilidad confusa, carentes de etiquetas y registros sanitarios, con precintos de normativa de ibérico violentados o colocados de forma irregular. Esto ofrecía dudas en relación con la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de los productos, a través de las diferentes etapas de su comercialización.
Tras examinar los datos de la documentación facilitada por la empresa, comprobaron también numerosas irregularidades en su cumplimentado, con información incompleta, alteración de marca comercial de los productos y falsificación de documentos mercantiles que supuestamente amparaban transacciones comerciales no realizadas o que habían sido devueltas por clientes que alegaban el mal estado para su consumo.
En la operación se han inmovilizado 29.000 piezas, de las que más de 19.600 son perniles de cerdo (dentro y fuera de la normativa de ibérico), que serán destruidas al considerarlas un riesgo para la salud de los consumidores por carecer de garantías sanitarias y no salvaguardar la seguridad alimentaria.
