Con el fin de mejorar la trazabilidad sanitaria de los animales en la UE la Comisión Europea quiere, entre otras cosas, imponer la identificación electrónica de todos los ovinos y caprinos. Los eurodiputados piden a Bruselas que se comprometa a modificar esta disposición; en caso contrario, rechazarán el nuevo reglamento delegado que se les ha propuesto en su conjunto.
Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (Comagri) han amenazado con rechazar en su conjunto un amplio proyecto de acto delegado de la Comisión Europea sobre la trazabilidad de los animales debido a una disposición que obliga a utilizar un dispositivo de identificación electrónico para los ovinos y caprinos de menos de doce meses destinados a engorde o a sacrificio. Los parlamentarios manifestaron sus dudas en relación con la medida durante un debate sobre el asunto con la Comisión Europea en Bruselas.
El texto recoge “las reglas relativas a los establecimientos que mantengan animales terrestres y a las incubadoras, así como a la trazabilidad de ciertos animales terrestres y huevos para incubar”, según su título exacto, y se enmarca en la nueva reglamentación europea sobre sanidad animal adoptada en 2016 y que entrará totalmente en aplicación en 2021.
Abarca la trazabilidad y la autorización de los establecimientos y los transportistas de animales para reforzar y ampliar (en particular a las aves) el dispositivo europeo de registro de los animales con el fin de mejorar su seguimiento por los servicios veterinarios. Los eurodiputados apoyan globalmente este objetivo, con una excepción: la obligación de identificación electrónica de todos los ovinos y caprinos.
La respuesta de Bruselas no convence
Eurodiputados de todos los grupos políticos manifestaron su oposición a esta disposición. El francés Jérémy Decerle (liberal) subrayó que “esta identificación electrónica le cuesta al ganadero casi más de lo que le reporta la venta del propio animal”. La misma opinión mantuvo el portugués Alvaro Amaro (demócrata-cristiano) para quien esta obligación es “inútil y desproporcionada” y, en todo caso, “correspondería a la Comisión Europea financiarla”.
La española Clara Aguilera (social-demócrata), ponente de este texto, advirtió que “si la Comisión Europea no se compromete claramente por escrito a modificar su propuesta, la Comisión de Agricultura se opondrá a ella”. Hay que recordar que el Parlamento Europeo dispone de un derecho de veto sobre los actos delegados.
Los representantes de la Comisión Europea respondieron que comprendían “las preocupaciones” de los eurodiputados y están “dispuestos a enmendar el texto una vez que se haya consultado a todas las partes implicadas y si ello no obstaculiza el objetivo del reglamento en términos de trazabilidad”. Esta respuesta no convenció a los parlamentarios.
