La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha desarticulado dos tramas delictivas por comercializar ilegalmente ganado vacuno, incumpliendo la normativa que regula la materia. Actuaban en Asturias, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia y Extremadura.
La investigación se ha saldado con la detención de 12 personas a las que se les imputan los supuestos delitos de estafa, contrabando, falsedad documental y organización criminal.
En concreto, comercializaban ilegalmente a través de la alteración de los crotales (pieza de plástico con la que se identifica de forma individual a cada animal de las explotaciones ganaderas y que acompaña al animal desde su nacimiento hasta su muerte), para amparar animales que no tenían aseguradas sus condiciones de aptitud para el consumo humano.
Según la Guardia Civil, estas personas habrían obtenido un beneficio superior a los 2 millones de euros alterando la trazabilidad o acogiéndose a subvenciones de forma fraudulenta.
La operación comenzó en 2016 cuando la patrulla ROCA de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón registró el maletero de un vehículo en el que el conductor llevaba varios crotales que, aunque parecían nuevos, presentaban muescas que hacían suponer que habían sido utilizados previamente.
Las organizaciones obtenían grandes beneficios ya que se ahorraban el coste de mantenimiento y todos los tratamientos veterinarios
Según ha dado a conocer el Instituto Armado, su «modus operandi» consistía en retirar el crotal legalmente asignado a un ternero que fallecía tempranamente y, en lugar de notificar la defunción, se guardaban el identificador hasta que, llegada la edad propia para el sacrificio, se le colocaba a otro ternero comprado en el exterior a precio mucho más bajo.
De esta forma, las organizaciones obtenían grandes beneficios ya que se ahorraban el coste de mantenimiento y todos los tratamientos veterinarios que hubieran podido ser necesarios y sólo tenían que pagar el valor del animal sustitutorio. Dichos animales podían proceder de explotaciones fuera del territorio nacional, por lo que no se asegura el cumplimiento de las garantías sanitarias.
Asimismo, según la Guardia Civil, también obtenían beneficios por los terneros que habían fallecido, puesto que simulaban que habían sido criados en explotaciones ganaderas, de modo que percibían subvenciones en función del número de cabezas de una explotación, condiciones de cría de la misma o especificidad de una raza concreta.
Para poder llevar a cabo esas alteraciones en el uso de crotales, algunos de los investigados crearon explotaciones virtuales en las que hacían creer que acumulaban cientos de cabezas de ganado en espacios que físicamente no podían acoger ni una mínima parte de lo que declaraban.
En la base informática iban acumulando animales y los trasladaban a su conveniencia para evitar ser controlados. En total, los agentes llegaron a investigar el movimiento virtual de 100.000 cabezas de ganado.
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