La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado que “ésta va a ser la legislatura del agua, con la finalización de las obras de los dos decretos de sequía”. Y aunque «no podemos hacer que llueva», sí podemos poner a disposición de la ciudadanía «las infraestructuras necesarias que nos permite la tecnología para evitar que tengamos dificultades adicionales”.
Crespo ha mantenido una reunión este martes -16 de agosto- con el secretario general del Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, y con los directores generales de Infraestructuras del Agua y de Recursos Hídricos, Álvaro Real y Susana Benavides, respectivamente, para abordar los grandes retos que se presentan en esta materia en la presente legislatura.
“Desde el Gobierno de Andalucía tenemos muy claro que hay que apostar por no desdeñar ninguna fuente hídrica. Estamos a favor de las interconexiones hídricas, las conducciones, las aguas subterráneas, el agua desalada y, por supuesto, las aguas regeneradas”. Éstas últimas tendrán un especial protagonismo en esta legislatura para proporcionar agua para los regantes.
«Estamos a favor de las interconexiones hídricas, las conducciones, las aguas subterráneas, el agua desalada y las aguas regeneradas”
La consejera ha recordado que trabajan “en el que será el II Plan de Aguas Regeneradas, así como en nuevas conexiones de nuestra competencia”. Además, ha recordado que “el Gobierno de España tiene que colaborar también para evitar que siga acrecentándose la desventaja de Andalucía y otros territorios del sur respecto a territorios con mayor disponibilidad hídrica”.
Asimismo, Crespo ha vuelto a pedir al Estado una reprogramación de los fondos Next Generation “para que vengan más recursos para el agua”. Crespo ha insistido en la necesidad de que exista “solidaridad entre territorios”.
Finalmente, la resposable deAgua ha pedido, una vez más, la convocatoria “urgente” de la Mesa Nacional de la Sequía, donde reclamará la puesta en marcha de las obras hidráulicas de interés general del Estado.