La Unión Extremadura denuncia que la Junta «se financia de manera irregular» con las retenciones de ayudas de la PAC

La Unión Extremadura ha denunciado que la Junta «se financia de manera irregular» con las retenciones de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y ha anunciado que presentará una denuncia en la Comisión Europea (CE) para que se esclarezca esta recaudación fraudulenta.

La organización agraria ha detallado que los agricultores y ganaderos extremeños reciben anualmente unos 430 millones de euros de la PAC en las distintas ayudas, tanto asociadas como las vinculadas a ciertas producciones. Estas ayudas son denominadas finalistas, lo que significa que «vienen directamente desde Bruselas a las cuentas bancarias de los beneficiarios y las administraciones tanto estatal, como regional, no lo pueden utilizar para otro concepto que no sea el pago a los beneficiarios de estas ayudas».

Sin embargo, según asegura la organización, «esto es en teoría» ya que en el caso de Extremadura la Junta está utilizando fondos de estas líneas para financiarse, utilizando de manera fraudulenta las retenciones que realiza a los beneficiarios de las ayudas por no encontrase al corriente de las obligaciones fiscales con la administración regional o incluso local.

«No es admisible que por tener una multa sin pagar de 120 euros te retengan el pago de 20.000 euros»

Asimismo, ha añadido que el Gobierno autonómico solicita el pago de cantidades de dinero a Bruselas, que en vez de transferirlo a sus beneficiarios, lo retiene por supuesto incumplimientos de pago de deudas. Para La Unión, «esta acción que, en principio pudiera estar justificada, no es admisible», cuando por una pequeña cantidad de supuesta irregularidad retienen la totalidad del pago de una ayuda o por no estar registrada el pago de la obligación del beneficiario de la ayuda realizado con muchos días de antelación.

«No es admisible que por tener una multa sin pagar de 120 euros te retengan el pago de 20.000 euros y que una vez realizado el pago de la multa o cualquier otra obligación fiscal, tarden más de dos meses en contabilizarlo», critica esta organización. Por ello, ha exigido que si algún beneficiario no está al corriente de pago, que cuando se realice el abono de una ayuda, se le retenga exclusivamente el importe embargado y se le abone el resto.

También ha demandado que cuando se ingrese el pago de una obligación esta quede registrada desde la fecha de ingreso y que «tal como se regula en el artículo 607.6 de la Ley 1/2000 de 7 de enero que regula en España el embargo de estas ayudas, no se realice embargo alguno a los beneficiarios en la parte inembargable regulado en la ley».

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