Se trata de una decisión ya firme, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en abril o mayo y que supone una rebaja respecto a la cifra anunciada inicialmente, de 295 millones.
El importe de la multa se ha comunicado ya a las Comunidades Autónomas y ahora se plantea en España el debate de a quién corresponde el pago de la misma. Las Comunidades afectadas son todas menos Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y Baleares.
La multa se debe al incumplimiento de la normativa sobre el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), que sólo estas cinco regiones aplican desde 2008.
El resto empezó a hacerlo en 2013. Ya en 2015 se procedió a recalcular dicho Coeficiente siguiendo las indicaciones formuladas por la Comisión Europea, lo que dio lugar a fuertes protestas por parte de las organizaciones agrarias, ya que muchas superficies consideradas como pastos hasta entonces perdían esa calificación a efectos de las ayudas de la PAC.
La Comisión Europea sostiene que no todas las superficies de pastos tienen el mismo grado de aprovechamiento y que bajo la denominación de pastos coexisten “muchos grados de aprovechamiento”. Para medirlo se utilizan tres parámetros: la pendiente, la vegetación existente y la densidad y altura de la vegetación.