La Comisión Europea podría aplicar una corrección financiera de 295 millones de euros a España por incumplir la normativa comunitaria sobre pastos durante los últimos años

En concreto, por no aplicar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, que supone una reducción de las superficies de pastos con derecho a ayudas al eliminar las que no pueden aprovecharse para el ganado por la acusada pendiente, por la vegetación existente o por la densidad y altura de la vegetación.

La multa afectaría a las Comunidades que no cumplieron esa norma, que son todas menos Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y Baleares.

La cifra de esta corrección no es definitiva. Los responsables de Madrid y Bruselas están negociando el importe final.

Según el Ministerio de Agricultura, las cinco Comunidades citadas empezaron a aplicar el coeficiente en 2008 mientras que el resto no lo hizo hasta 2013.

Ahora, coincidiendo con la aplicación de la nueva PAC, se ha recalculado el coeficiente siguiendo las indicaciones formuladas por la Comisión Europea, lo que ha provocado las protestas de las organizaciones agrarias.

El Ministerio insiste en que los cambios no tendrán repercusiones en los importes de las ayudas que reciben los beneficiarios, aunque sí puede subir la media de dinero que se recibe por hectárea, al concentrarse la misma cantidad de dinero en menos hectáreas.
Continúan protestas organizaciones
Organizaciones agrarias de diversas Comunidades Autónomas han seguido denunciando en los últimos días la reducción de la superficie pastable con derecho a ayudas debido a la aplicación de los nuevos Coeficientes de Admisibilidad de Pastos.

Por ejemplo, ASAJA Andalucía lo ha calificado de “coeficiente artificial” que no tiene en cuenta las particularidades del monte mediterráneo y reduce la superficie real de pastos en esta Comunidad en un 50%, lo que limita las ayudas que llegan a los ganaderos y, por tanto, pone en peligro la ganadería extensiva andaluza.

En esta misma Comunidad, COAG ha denunciado que la aplicación de este “modelo matemático” supone un grave perjuicio para la ganadería productiva, ya que no se distingue al profesional del que no lo es, ni se prima la actividad.

En Castilla y León, UPA de Avila ha pedido que se den a conocer ya los coeficientes aplicables en esta provincia.

Por su parte, ASAJA de León ha denunciado que en esta provincia la aplicación del coeficiente supone que en las fincas de pastos arbolados sólo son válidas 3 de cada 10 hectáreas y en pastos arbustivos 6 de cada 10, con lo que en zonas de montaña más de la mitad de la superficie pastable queda fuera de uso a efectos de las ayudas de la nueva PAC.

Por último, en Castilla-La Mancha, ASAJA de Ciudad Real subraya que, en algunas parcelas, la aplicación del coeficiente de admisibilidad supone una reducción del 100% de la superficie pastable y advierte que la medida tendrá un efecto devastador en la competitividad de las explotaciones de ganadería extensiva.

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