El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde esta semana de manera definitiva a la Ley de Evaluación Ambiental. Según el Ministerio de Agricultura, esta norma “garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional”.
Como novedad destaca la obligación de someter a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de la técnica de la fractura hidráulica o “fracking”. Por lo tanto, el promotor del proyecto que requiera el uso de esta técnica deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente.
El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en un plazo máximo de 6 meses, cuando antes podía demorarse varios años. Hasta ahora, el Ministerio de Industria o las Comunidades Autónomas concedían las autorizaciones a los proyectos estudiando caso por caso, con la ley del Sector de Hidrocarburos como única norma nacional.
Por otro lado, la Ley también incorpora el acuerdo impulsado por el Ministerio de Agricultura entre las 5 comunidades autónomas de las cuencas del Tajo, del Segura y del Júcar que permitirá culminar la planificación hidrológica “con el máximo consenso en estos tres grandes ríos, así como estabilizar el trasvase Tajo-Segura”.
Hay que recordar, entre otros aspectos, que establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases.
