La venta a pérdidas de productos compensa a los distribuidores que la practican. Aunque esto se presuponía, la cadena DIA lo ha reconocido abiertamente al comunicar que sus ofertas de aceite de oliva a 2,19 euros el litro le han permitido multiplicar sus ventas de este producto por ocho.
Según ha señalado en un comunicado, «DIA ha vendido un total de 8 millones de litros de aceite de oliva gracias a su campaña ‘Los preciazos’ puesta en marcha desde el 9 al 22 de junio y del 25 de agosto al 7 de septiembre, cifra que representa un incremento de hasta 8 veces lo vendido en los mismos períodos del año anterior». La empresa defiende que «un sistema de libre competencia permite al consumidor beneficiarse de las mejores ofertas» y subraya que «seguirá apostando por un modelo comercial con más de 30 años de vigencia y que persigue el objetivo de llevar siempre a sus clientes la mejor calidad al mejor precio del mercado». La compañía afirma disponer en sus establecimientos «de 101 referencias de aceite de oliva, de marca propia y marca del fabricante, cuya horquilla de precios oscila entre los 2,19 de la promoción y los 6 euros el litro».
Multas ridículas
Esta práctica de venta a pérdidas viene siendo objeto de denuncias por parte del sector agrario y ya se han impuesto algunas multas. Sin embargo, el importe de las mismas queda lejos de las ganancias que los distribuidores obtienen con sus ofertas, tal y como ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores.
La organización ha rechazado la actitud de DIA, al «sacar pecho» por vender aceite a cualquier precio. Ha recordado a la empresa que «vendiendo a pérdidas el producto se hunde al sector» y que detrás de cada botella de aceite de oliva hay una cadena «que culmina en el agricultor, sin el cual no existiría un producto emblemático y básico» como éste.
UPA subraya que «la millonaria cifra de ventas alcanzada por esta empresa (17,52 millones de euros con esa oferta) demuestra el absurdo de multas como las que suelen imponer las Administraciones por estas prácticas, que rondan los 3.000 euros». Pide, por tanto, que las sanciones sean «cuantiosas, disuasorias y se ajusten al perjuicio causado al sector».
