Bloqueos en la Laguna de Gallocanta por los recortes del Gobierno de Aragón

Los ayuntamientos del entorno cortaron los caminos de acceso a la Reserva Natural

Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta. (Fuente: Red Natural de Aragón)

El viernes -28 de febrero- los ayuntamientos del entorno de la Laguna de Gallocanta (Aragón) cortaron los caminos de acceso a la Reserva Natural como medida de protesta por los recortes en las ayudas agroambientales anunciados por el Gobierno autonómico.

Los alcaldes de los municipios turolenses de Bello y Tornos y de Las Cuerlas, Santed y Gallocanta (Zaragoza), adoptaron esta medida junto a las organizaciones agrarias de UAGA, ASAJA y UPA, tras reunirse con los directores generales de Producción Agraria, José María Salamero, y Medio Natural, Diego Bayona, para negociar una propuesta y no alcanzar una solución satisfactoria.

Según un comunicado conjunto de los afectados, el recorte de las ayudas que reciben los agricultores de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta podría suponer en algunos casos una reducción de más del 50%. Asimismo, denuncian que este recorte «no distingue entre agricultores profesionales y resto de perceptores de ayudas PAC».

Estas medidas constituyen «la única vía de financiación» de este espacio natural

Otro de los motivos por los que rechazan esta decisión por parte del Gobierno regional es que, según apuntan, estas medidas constituyen «la única vía de financiación» de este espacio natural para compensar las restricciones que sufren esos agricultores por la protección del mismo.

En este sentido, el alcalde de Tornos -uno de los municipios que cortaron los caminos de acceso-, Ricardo Rodrigo, recordó que para recibir las ayudas agroambientales, los agricultores se comprometen con una serie de medidas como, por ejemplo, dejar tierras en barbecho o destinar un porcentaje de sus fincas a la siembra de determinadas variedades que sirvan como alimento a las aves de la reserva natural y fundamentalmente a las miles de grullas que hibernan en la zona o pasan de camino.

Hasta la fecha, la administración pagaba en función del número de hectáreas que posee cada agricultor mientras que el nuevo decreto ha fijado un tope de 80 hectáreas por persona, una decisión que «penaliza» principalmente a los agricultores profesionales que se dedican a la agricultura como medio de vida.

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