Tras la aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que incluye la prohibición de la venta a pérdidas en todos sus eslabones, las reacciones de algunas organizaciones agrarias no se han hecho esperar.
Como es el caso de Unión de Uniones, que ha valorado como «una oportunidad perdida para el campo» que el Congreso no haya aprobado la fijación de la cuota de posición de dominio en la votación del proyecto de revisión de la ley, y que haya aprobado «una prohibición de venta a pérdidas sin garantía ninguna de efectividad para limitar los abusos y competencias desleales».
La organización ha trasladado a todos los grupos políticos con representación en el Congreso la necesidad de que la modificación de esta ley contrarreste los desequilibrios existentes en la cadena de valor, además de perseguir abusos y prácticas desleales que sufren los productores.
Asimismo, ha subrayado que la definición de la reventa a pérdidas debería incluir el precio de compra del producto, los costes fijos y los variables de la comercialización. «Lo aprobado por la Comisión de Agricultura no se ajusta en absoluto a estos parámetros», ha añadido.
Otro de los puntos que planteaba la organización era el de fijar la cuota de posición de dominio en un 8% de cuota de mercado para que la Administración persiga las prácticas desleales llevadas a cabo desde esa posición de fuerza. «Una cuestión fundamental para equilibrar la cadena alimentaria que tampoco se ha aprobado».
Más control en su aplicación
Por su parte, la organización agraria COAG ha mostrado su satisfacción por los avances en la Ley de Cadena Alimentaria pero ha reclamado más control en su aplicación. Considera importante que «lo aprobado no se quede en papel mojado» y que hay que realizar una apuesta decidida y contundente por una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales.
«Nuestras explotaciones profesionales están pendientes de un hilo y todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue. En este sentido, el refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios es vital y debe seguir produciéndose. Pero también es labor de los propios agentes de la cadena, las empresas y sus asociaciones, empujar para conseguir mejoras reales en la rentabilidad y el correcto reparto de la misma”, ha subrayado Miguel Blanco, secretario general de COAG.
En cualquier caso, ha señalado que «es necesario mostrarse cautelosos y para que los avances aprobados no se vean mermados en el procedimiento pendiente en el Senado», y ha añadido que desde COAG seguirán trabajando para frenar retrocesos e introducir mejoras aún posibles.
