La Comisión Europea ha propuesto este miércoles, 2 de octubre, prorrogar durante 12 meses la ley de la Unión Europea para evitar que los productos consumidos en la UE generen deforestación, que está adoptada y debía hacerse efectiva en enero de 2025, pero que había sido muy criticada por la industria, algunos partidos políticos y terceros países.
«La Comisión refuerza el apoyo para la implementación del Reglamento de la UE sobre la Deforestación y propone 12 meses adicionales de período de adaptación, respondiendo a las solicitudes de socios globales», informó el Ejecutivo comunitario.
La propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros), instituciones que aprobaron en su estado actual la ley contra la deforestación en 2023 con una holgada mayoría.
«Si es aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, la ley sería aplicable el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de adaptación para asegurar una implementación adecuada y efectiva», indicó el Ejecutivo.
Bruselas, que también publica una serie de orientaciones técnicas, justifica el proponer ahora una prórroga en virtud de los comentarios recibidos «de socios internacionales sobre su estado de preparación».
Ley contra la deforestación
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación tanto en el espacio comunitario como en terceros países, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10% es atribuible al consumo europeo.
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles y estipula que, a partir del 30 de diciembre, las empresas que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
Sin embargo, el texto ha sido sometido a una presión extraordinaria en los últimos meses, tanto por parte de la industria como por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva zelanda o Canadá.
Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia, ni tampoco Alemania, que recientemente han cambiado de posición.
Algunas de las preocupaciones se centran en el daño reputacional y caída de las exportaciones que podría infligir el «ránking» de países que debería de publicar la Comisión antes de final de año y que supondría que los Estados con mayor riesgo de incurrir en deforestación serían sometidos a más controles en sus exportaciones. Otros criticaban que el reglamento agregará trabas burocráticas, especialmente a los pequeños productores o comerciantes.
