La Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y otras materias conexas ha quedado definitivamente aprobada, de modo que está lista para su entrada en vigor el próximo 2 de enero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proyecto de ley se complementa con un total de 18 decretos que desarrollan el contenido de la política agraria, de los que faltan diez que se publicarán en el BOE en las próximas semanas.
El texto actualiza el régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias, contratación y organizaciones de productores
El texto aprobado este jueves actualiza el régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias, contratación y organizaciones de productores, así como de comercialización de aceite de oliva, sector lácteo, cría animal y uso de productos fitosanitarios o antibióticos, entre otros asuntos.
Se trata de aspectos que antes estaban regulados en la reglamentación comunitaria, pero que, tras la reforma de la PAC, pasan a desarrollarse mediante normas nacionales, como queda reflejado en el plan estratégico de aplicación de la política agraria en España.
7.150 millones de euros anuales hasta 2027
El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró que la ratificación de esta iniciativa legislativa permitirá a más de 630.000 agricultores y ganaderos españoles cobrar las ayudas de la nueva PAC.
En su intervención en el debate del pleno del Congreso, Planas señaló que los productores se beneficiarán así de 7.150 millones de euros anuales hasta 2027, de los que 4.800 millones se corresponden con los pagos directos.
Novedades del texto
Con el fin de avanzar en el proceso de digitalización, se incluye el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), que servirá de herramienta de gestión y de intercambio de información para los empresarios agrarios y las administraciones públicas.
Otras novedades que contempla el texto es la exención del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los eco-esquemas, las nuevas ayudas vinculadas a prácticas ambientales sostenibles y la posibilidad de contratar la doble tarifa eléctrica para los regantes.
Finalmente queda prohibida la quema de rastrojos en la actividad agraria, si bien se excluye a las pequeñas explotaciones y se permite a las comunidades autónomas autorizar excepciones ante el riesgo de plagas o incendios.
Reacción de los grupos
En el debate previo a la votación, la portavoz de Agricultura en el Congreso del Partido Popular (PP), Milagros Marcos, ha criticado la tardanza del Gobierno en tramitar las normas relativas a la política agraria, que «aumenta las sanciones a los agricultores y ganaderos», y que establece «prácticas ambientales imposibles de cumplir» que han generado el rechazo del sector.
Ricardo Chamorro (VOX) ha calificado la PAC de «cúmulo de disparates» y ha afirmado que la falta de desarrollo normativo ha causado inseguridad en el momento de la siembra.
Por su parte, la diputada socialista María Luisa Faneca ha destacado que la nueva PAC supondrá una «mejor» distribución de los fondos e impulsará la agricultura familiar y profesional.
Isabel Franco (Podemos) ha defendido que la nueva arquitectura de la PAC prima prácticas favorables al medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Mientras que el resto de los grupos ha insistido en la necesidad de apoyar a los agricultores en un momento de crisis marcada por la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación, entre otros motivos.
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