El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves al dictamen del proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, una iniciativa que irá ahora al Senado para continuar con su trámite parlamentario.
El dictamen de la norma -que se ha aprobado con 176 votos a favor, 33 en contra y 138 absteciones- llegará al Senado tras las aportaciones de los diferentes grupos y la incorporación de hasta nueve enmiendas y dos transaccionales.
Con 19 artículos y varias disposiciones adicionales, la norma busca prevenir y reducir el desperdicio de los alimentos por parte de todos los agentes de la cadena; para ello, establece una jerarquía de prioridades de solución.
La norma busca prevenir y reducir el desperdicio de los alimentos por parte de todos los agentes de la cadena
También se incluye la obligación de todos los agentes de disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas de desperdicio, una medida de la que quedan excluidas las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias.
Además, la norma buscará fomentar la donación y la redistribución de alimentos, analizar sus causas y avanzar hacia un medición cuantitativa y cualitativa, rigurosa y actualizada periódicamente.
La norma incluye un capítulo de racionalización de las fechas de consumo preferente y la obligación de aprobar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.
Y el último capítulo de la ley que incluye los artículos 18 y 19 se refiere al régimen sancionador; así, se considera una infracción grave, por ejemplo, no contar con un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio y los residuos alimentarios en caso de estar obligados. La misma tipificación tendrá la destrucción intencionada o la alteración de alimentos que reúnan las condiciones adecuadas para su consumo.
En cuanto a las multas, la norma prevé sanciones con apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros para infracciones leves, de entre 2.001 euros y 60.000 para las graves y de 60.001 y 500.000 euros para las muy graves.
Doble tarifa energética, cambios en contratos de temporeros y ayudas
El dictamen adoptado por el pleno de la cámara sobre el proyecto de ley incluye una serie de cuestiones de distinta índole. Entre ellas figura la posibilidad de contratar dos tarifas energéticas diferentes en el año, ya que la temporalidad de las cosechas hace que los agricultores no necesiten pagar la tarifa máxima todo el ejercicio. El texto también incluye la posibilidad de volver a hacer contratos temporales para asegurar la recogida de las cosechas.
En cuanto al olivar y el viñedo, el Gobierno establecerá en un máximo de dos meses una ayuda excepcional a los a las explotaciones agrarias de esos sectores en compensación por la reducción de ingresos percibidos por el aumento de los costes de los insumos derivados de la guerra en Ucrania y la sequía. Esta ayuda directa estará dotada con 85 millones de euros para las superficies de viñedo de secano y 285 millones para el olivar de secano.
También se ha modificado la ley de la viña y del vino en relación con la no utilización de una autorización de nueva plantación, de replantación o de conversión concedida.
Representatividad agraria
En el dictamen del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario se ha introducido además una nueva disposición sobre la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal
En la práctica, esta modificación permitirá el reconocimiento de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y su inclusión en el Consejo Agrario, el órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, en el que participan actualmente ASAJA, COAG y UPA.
