En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las medidas que piensa aplicar la UE para impedir la instalación de macrogranjas de porcino, el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha remitido a la normativa medioambiental y veterinaria comunitaria y ha señalado que a falta de “pruebas que pongan de manifiesto una infracción de la legislación de la UE, la Comisión no puede intervenir en este asunto”.
El autor de la pregunta es el eurodiputado español Javier Couso (Izquierda Unitaria Europea), que ponía de manifiesto la instalación de este tipo de granjas (con unos 2.000 animales) en Cataluña y Aragón y los proyectos para implantar una en Zamora, en una zona integrada en la Red Natura 2000.
Couso apunta problemas de contaminación de las aguas, deterioro de las tierras por esparcimiento de los purines y denuncia “la administración masiva de antibióticos a los animales”.
En su respuesta, el comisario Vella recuerda que la normativa comunitaria “prevé una serie de salvaguardias para que los proyectos que puedan afectar negativamente a la salud humana o el medio ambiente sean efectivamente evaluados por las autoridades competentes de los Estados miembros antes de su autorización”.
Menciona las exigencias establecidas en diversas disposiciones relativas a la protección de las zonas Natura 2000, a las emisiones contaminantes, al impacto medioambiental y a la administración de medicamentos. A este respecto precisa que “los proyectos de reglamento sobre los medicamentos veterinarios y los piensos medicamentosos contienen medidas concretas para combatir el uso indebido de antibióticos en todos los tipos de ganadería y promover su utilización prudente con objeto de garantizar la seguridad alimentaria y la salud y el bienestar de los animales”. “Estas nuevas normas de la UE –añade- se adoptarán a finales de 2018. La Comisión llevará a cabo el debido control de que dichas normas se aplican correctamente”.
El comisario concluye señalando que “la Comisión no está al corriente de los hechos a los que se refiere” el eurodiputado español y “al no disponer de información detallada sobre estos hechos ni de pruebas que pongan de manifiesto una infracción de la legislación de la UE, la Comisión no puede intervenir en este asunto”.
