Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que persigue avanzar en la aplicación y el ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural. Este objetivo se pretende alcanzar mediante el establecimiento de medidas que promuevan la autonomía y el fortalecimiento de la posición social, profesional y no discriminatoria de las mujeres.
El Estatuto de las Mujeres Rurales tiene entre sus fines garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres del mundo rural con medidas para corregir la discriminación múltiple a la que se ven sometidas, sobre todo en los lugares más afectados por la despoblación, así como fomentar nuevas oportunidades de empleo y alentar a poner en prácticas sus propios proyectos.
Además, las Cortes han rechazado, con el voto a favor del PP y en contra de PSOE y Ciudadanos, seis enmiendas parciales del grupo popular -tras retirar una en el pleno- encaminadas, sobre todo, a garantizar la seguridad jurídica para evitar situaciones ambiguas respecto a discriminación directa o indirecta.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que esta ley es «un antes y un después para el medio rural», fruto de «un proyecto colectivo» que hace posible el primer Estatuto para las mujeres rurales del país, y ha hecho hincapié en que verá la luz después de tres años «de trabajo muy intenso», a la vez que ha detallado algunas de sus principales características.
Entre ellas, ha indicado que nace de la necesidad de no caer en tentaciones «involucionistas» y de seguir trabajando para evitar las discriminaciones de una parte de la sociedad que sigue precisando «un impulso».
Asimismo, el consejero ha subrayado que busca la igualdad de oportunidades, además de empoderar, visibilizar y reconocer el papel de la mujer y que es «una ley feminista», que se compromete en cuestiones como el fomento de la formación o la lucha contra la división sexual en el trabajo.
Por su parte, la parlamentaria del Partido Popular, Lola Merino, grupo que se ha abstenido, ha lamentado que el estatuto se haya diseñado sin contar con las mujeres.