El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso con un paquete de medidas de “apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico de la economía, que ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania”.
El paquete de medidas a corto, medio y largo plazo incluye un Plan de choque para dar respuesta inmediata a los problemas del sector. Entre otras cuestiones, la iniciativa reclama anticipar pagos PAC, una rebaja fiscal extraordinaria y un fondo de emergencia dotado con 5.000 millones, medidas de contingencia y una modificación estructural de la política europea y nacional, priorizando la producción y la suficiencia de alimentos.
Ante la guerra en Ucrania, pide además la activación inmediata de los mecanismos de gestión de crisis y la apertura de nuevos mercados para importar y exportar.
Las medidas que prevé son las siguientes:
- Flexibilizar la aplicación de la PAC para 2022, con un anticipo real de los pagos a los productores y un incremento del adelanto del pago del 50 al 70% (se suelen permitir a partir del 16 de octubre), y mayor flexibilidad en el uso de superficies de barbecho y de interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía, con la posibilidad de aprovechamiento de barbechos con cultivos proteaginosos.
- Modificar la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España, remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las actuales circunstancias.
- Revisar el Pacto Verde Europeo y diferentes estrategias, como la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y la “Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030”, de tal manera que de su aplicación no se derive una pérdida del potencial productivo del sector agroalimentario, ni se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país.
- Solicitar a la Comisión la activación de la Reserva de Crisis, diseñada para apoyar al sector cuando afecta a la producción y poder financiar medias excepcionales.
- Ayudar en la búsqueda de nuevos mercados para garantizar el suministro de alimentos que dejaremos de recibir de los países en guerra y buscar nuevos destinos para la exportación de los productos alimentarios, de aquellos sectores que puedan verse afectados por las posibles restricciones al comercio.
- Proceder a la regulación de los contratos de energía para regadíos, para poder contratar diferentes potencias (por lo menos dos) a lo largo de un año, en función de las necesidades de suministro para el riego, tal y como está regulado por ley por el PP desde 2018.
- Poner en marcha las bonificaciones, de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo por los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.
- Aplicación de un Fondo Extraordinario para financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, dotado con 5.000 millones adicionales.
- Establecer, temporalmente, la aplicación de un tipo del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios, ganaderos o forestales, de aquellos medios o productos necesarios para su actividad.
- Reducir los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF (módulos de 2021) para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los graves desequilibrios del mercado, el gran incremento de los costes de producción y otras circunstancias extraordinarias.
La Proposición no de Ley está suscrita por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, junto a la portavoz adjunta Marta González; la portavoz de Agricultura, Milagros Marcos; el de Pesca, Joaquín García, y los diputados María José García-Pelayo, Javier Merino, Belén Hoyo, Sebastián Ledesma, Juan Manuel Constenla, Juan José Matarí y Juan Diego Requena.
