La propuesta del Ministerio de impedir la caza del lobo es una «declaración de guerra», según las organizaciones

ASAJA, COAG y UPA, en una rueda de prensa conjunta, piden interlocución con la ministra Ribera para abordar la situación, de lo contrario, anuncian protestas

Las tres principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) han afirmado que la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de proteger al lobo para que deje de ser especie cinegética es «una declaración de guerra» que no quedará sin respuesta.

Las OPAS han ofrecido este jueves -11 de febrero- una rueda de prensa conjunta, una semana después de que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad decidiese dar el visto bueno a la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La Orden ministerial que lo refrende legalmente ya está en consulta pública hasta el próximo 26 de febrero y las organizaciones ya estudian alegaciones.

Los responsables de las organizaciones han pedido interlocución con la ministra Teresa Ribera para abordar la situación, de lo contrario, anuncian protestas

Los responsables de las organizaciones han pedido interlocución con la ministra Teresa Ribera para abordar la situación, de lo contrario, anuncian protestas e incluso llevar el caso a los tribunales. El miércoles, 10 de febrero, enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sea consciente de la situación y han pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que también se implique.

Los responsables de las organziaciones han asegurado que no están en contra de la existencia del lobo, pero admiten que la convivencia con la ganadería es difícil por lo que ven necesario planes de gestión oportunos.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha lamentado que la ministra solo se deje aconsejar por los movimientos ecologistas «más radicales» de tal forma que adopta decisiones «muy arbitrarias, sin analizar las consecuencias». Barato, quien ha señalado que el lobo ibérico «no está en peligro de extinción sino en fase totalmente expansiva», ha añadido que prohibir su caza supone un «ataque al mundo rural».

Barato ha apuntado que la ministra no le ha convocado a ninguna reunión desde que ostenta el cargo y cree que ahora es el momento de celebrar una para atajar este problema porque, si no, ve oportuno pedir su dimisión. Además, ha criticado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, haya pedido que los daños al ganado por ataques de lobos se paguen con ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha señalado que «si el MITECO acaba ordenando la inclusión del lobo en el listado Lespre, estará declarando claramente la guerra al sector agrario y esto no quedará si respuesta». Cree que la «mayor amenaza» para el lobo «es la ministra Teresa Ribera, su secretario de Estado de Medio Ambiente y los grupos ultras que pululan alrededor de este Ministerio».

Finalmente, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha señalado que los ganaderos se sienten «despreciados» por esta decisión y ha lamentado que no se les haya tenido en cuenta «para nada». Ramos ha pedido ayudas «específicas» pero que no salgan de la PAC porque ésas son «para compensar los bajos precios y las pérdidas de renta». También espera que haya diálogo con el Gobierno porque, «si no hay respuesta, vendrán movilizaciones, peticiones de dimisión o lo que tenga que venir».

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