Los agricultores que hayan presentado su solicitud de ayuda en la presente campaña 2019 y que estén sujetos a controles mediante monitorización podrán modificar las parcelas agrarias de su solicitud única, en relación a los regímenes de ayuda monitorizados, hasta el 31 de agosto. En el caso del pago específico al cultivo del algodón, las parcelas agrarias se podrán modificar hasta el 31 de octubre.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado una resolución en la que recoge estos plazos para la modificación de la solicitud única en el caso de agricultores sujetos a controles mediante monitorización. Hay que recordar que el período habitual para introducir modificaciones se cierra el 31 de mayo.
El organismo precisa que la normativa comunitaria contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que lo deseen establezcan «un sistema de controles preliminares que informen a los beneficiarios sobre posibles incumplimientos y que les permita cambiar su solicitud a tiempo a fin de evitar reducciones y sanciones administrativas«. Añade que, «cuando se realicen controles mediante monitorización, el beneficiario podrá modificar la solicitud única o la solicitud de pago por lo que se refiere a la utilización de las distintas parcelas agrarias».
Esas modificaciones se notificarán a las autoridades competentes en las fechas citadas: 31 de agosto, con carácter general, y 31 de octubre en el caso del algodón. No obstante, el FEGA señala en su resolución que, cuando sea estrictamente necesario, las Comunidades Autónomas «podrán ampliar el plazo de modificación de la solicitud única para estos agricultores en su ámbito territorial de actuación».
Análisis de la carga administrativa
En relación con los controles de las ayudas de la PAC, la Comisión Europea ha publicado recientemente un estudio en el que señala que la reforma de la PAC de 2013 supuso un aumento del coste administrativo para los Estados miembros; sin embargo, no creció de manera sustancial para los agricultores.
El informe, titulado “Análisis de la carga administrativa derivada de la PAC”, analiza el coste y la carga administrativa derivados de los sistemas de control y gestión de los gastos de la PAC aplicados tras la reforma de esta política en 2013. Se centra en algunos, entre ellos el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), el sistema de identificación de parcelas y los costes derivados del control de la condicionalidad de las ayudas de la PAC.
Concluye que la carga y el coste administrativo para los agricultores, que supone un 2% de las ayudas recibidas, no ha aumentado de forma sustancial. En el caso de las autoridades nacionales dicho coste representa en torno al 3% del presupuesto de la PAC y se ha incrementado en un tercio desde la implementación del nuevo sistema de control y gestión de los pagos de 2013.
En el caso del SIGC precisa que el coste medio anual ronda los 10 euros por hectárea de superficie agrícola útil (SAU). Considerando a la UE en su conjunto, ello supone entre 1.700 y 1.900 millones de euros. En lo que respecta a la condicionalidad de las ayudas, el informe señala que, comparado con el período anterior, el coste supone un porcentaje más bajo de los pagos directos. Los principales costes son los de personal, inversiones en tecnologías de la información y análisis de riesgos.
