La Comisión Ejecutiva de COAG planteará en el Pleno del martes 21 de septiembre a las uniones regionales de la organización la convocatoria de un proceso general de movilizaciones agrarias, dentro de un marco de unidad de acción con las otras dos organizaciones profesionales agrarias representativas. “Hay más que motivos para salir a la calle a reivindicar un plan urgente de medidas de apoyo. Los hombres y mujeres del campo nos enfrentamos en estos momentos a una tormenta perfecta: una espectacular subida de los costes de producción, precios a la baja en origen con diferenciales entre el campo y la mesa por encima del 450%, mayores exigencias pero menos ayudas con la nueva PAC, una aplicación en España que atenta contra los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales y una propuesta de reforma de Ley de Cadena Alimentaria que no acaba de atajar las prácticas comerciales abusivas y la venta a pérdidas”, ha subrayado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.
Los motivos:
Si se aprueba el Plan Estratégico Nacional, sobre la base de los términos planteados por el Ministerio de Agricultura, el agricultor profesional sería el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España. La definición de «agricultor activo” finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea residual. De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales. Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos o absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC; trasvasar fondos de las explotaciones más grandes a las pequeñas y medianas profesionales, para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad.
Los beneficios caídos del cielo de las eléctricas ponen los costes de producción del campo por las nubes. La espectacular subida de la luz supone, por ejemplo, que en una comunidad de regantes de olivar, la factura eléctrica haya subido un 150% desde el pasado mes de abril hasta agosto, de 0,08 a 0,12€/Kwh. Una situación que se verá empeorada ahora porque el gasto importante de la campaña se centra en el periodo agosto-septiembre, cuando justamente los precios de la electricidad están disparados. De momento, los regantes han visto su factura multiplicada por seis desde abril.
En el caso de la ganadería de leche se estima que la factura de la luz se ha incrementado en un 60% de media. Una explotación familiar con 80 vacas ha pasado de pagar 480 euros de luz a 600 € en cuestión de un mes. Y es que una explotación ganadera hoy en día cuenta con tecnología que supone un alto coste energético, (motores de las ordeñadoras, ventiladores y el tanque de refrigeración de la leche, que no entiende de ahorro ni de elegir los horarios más económicos).
En el capítulo de costes generales, los precios al alza del gas ya pasan factura en el precio de los fertilizantes. El gasóleo también ha registrado una importante subida y las materias primas básicas para alimentación animal (principalmente soja) acumulan un incremento en sus cotizaciones de más del 60% durante el último año.
El proyecto de Ley de Cadena Alimentaria encara la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados y no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores/as y ganaderos/as. La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. En este sentido, hemos pedido a los diferentes grupos parlamentarios que mantengan la firmeza en cuanto a la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena.
Además, reclamamos un registro de contratos, que se incluya en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal HORECA a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, se refuerce la figura del mediador y se generen unos índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar, al servir de referencia objetiva y pública, reforzando el papel de los Observatorios de la Cadena.
