España ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de reducir o anular la multa de los pastos, que considera desproporcionada. Sin embargo, sin finalmente esa demanda no prospera, las Comunidades Autónomas afectadas tendrán que asumir su responsabilidad y proceder al pago de la sanción.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha hecho estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, en referencia en concreto a Andalucía, aunque son aplicables a las demás Comunidades que no cumplieron con las normas sobre el coeficiente de admisibilidad de pastos entre los años 2009 y 2013 (que son todas menos cinco).
Cabanas ha explicado que la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la decisión del Gobierno de que Andalucía sea la responsable de abonar la sanción por pastos es una medida cautelar y no supone que se dé la razón a la Junta. Ha subrayado que, de hecho, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo ha aceptado la petición de medidas cautelares es que está pendiente la resolución de la demanda ante el Tribunal de Justicia europeo.
La decisión del Gobierno de que la multa debía ser abonada al 100% por las autoridades competentes en el control de las superficies de pastos, fue adoptada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 y recurrida por Andalucía por vía contencioso-administrativa.
El responsable del Ministerio de Agricultura ha insistido en que las medidas cautelares aprobadas por el Tribunal Supremo, cuyo efecto práctico es que ha quedado suspendido el pago, por parte de la Comunidad Autónoma a la Administración General del Estado, de los importes establecidos al efecto en el acuerdo de Consejo de Ministros, estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento. Una vez se publique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha añadido, veremos cómo influye la misma en el procedimiento abierto ante el Supremo.
Incumplimiento
El secretario general también ha subrayado que si las Comunidades Autónomas afectadas por esta multa, incluida Andalucía, hubiesen actuado igual que las cinco Comunidades que sí establecieron, desde 2008, un coeficiente de admisibilidad en las superficies de pastos permanentes, siguiendo las recomendaciones del Ministerio, no hubiera habido sanción.
Por último ha apuntado que si finalmente no se consigue reducir la multa en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el Gobierno no tiene nuevos elementos para cambiar su posicionamiento y se mantiene la consideración de que las Comunidades Autónomas deberán asumir su responsabilidad y proceder al pago de la multa.
