La asociación francesa Justice Pesticides ha señalado a través de un comunicado que desde principios de la década del 2000 se han presentado en la Unión Europea 33 recursos jurídicos relacionados con los neonicotinoides.
Desde 2013, a nivel comunitario, “el Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado dos veces al respecto y las dos veces ha validado su prohibición”, subraya la asociación.
Esta señala, sin embargo, que en el marco de los 24 recursos identificados en los tribunales franceses “los jueces administrativos han pronunciado fallos contradictorios”. En cuanto a otros países de Europa, la derogación de la prohibición del insecticida Gaucho se anuló en Suecia; sin embargo, Bélgica confirmó la legalidad de la sustancia en tres asuntos distintos.
“Hay vaivenes y la jurisprudencia no está grabada en piedra, ya que la reglamentación es ambigua”, ha comentado Arnaud Apoteker, antiguo asesor en cuestiones de transgénicos de los Verdes europeos y director general de Justice Pesticides.
Su asociación, fundada en 2017 por iniciativa de la abogada Corinne Lepage (que fue ministra de Medio Ambiente en Francia) para desarrollar una base de datos jurídicos dedicada a los pesticidas, publicará a lo largo de este mes de marzo un informe sobre el glifosato. Hasta ahora, de los 400 procedimientos jurídicos identificados en todo el mundo por Justice Pesticides, cerca de un centenar tienen que ver con el polémico herbicida.
Las ONG pide la suspensión de su uso en la remolacha en Francia
Varias ONG reclamaron recientemente que se suspenda la reautorización provisional de los neonicotinoides en el cultivo de la remolacha en Francia para hacer frente al amarilleo cuando la siembra ya ha comenzado.
Las organizaciones “Actuar por el Medio Ambiente” y “Tierra de Abejas” han pedido al Consejo de Estado, por el procedimiento de urgencia, la suspensión de la disposición adoptada el 5 de febrero por considerar que no responde a las obligaciones de un uso “limitado y controlado” establecidas en la reglamentación europea para poder derogar la prohibición general de utilización de estos insecticidas en la UE.
Según las ONG, la disposición se basa, por otro lado, en previsiones meteorológicas que subestimaron la reciente ola de frío, que no resisten los pulgones vectores de la enfermedad.
Consideran también que los poderes públicos no han favorecido la búsqueda de soluciones alternativas. Sin embargo, el Gobierno estima que ha impuesto “garantías de uso” y se ha asegurado de que las recientes temperaturas están “en la parte baja de la horquilla prevista”. La decisión se tomará en los próximos días.
