Bruselas quiere que se aplique al pie de la letra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que no son posibles las derogaciones concedidas para el uso de pesticidas (en concreto de neonicotinoides) que estén expresamente prohibidos en la UE. Ya se han iniciado las discusiones con los Estados miembros para adoptar unas líneas directrices en este ámbito antes del verano.
La Comisión Europea confirmó a principios de marzo, ante los eurodiputados de la Comisión de Medio Ambiente (Comenvi), que la sentencia del TJUE del pasado 19 de enero, que establece que los Estados miembros no pueden decidir derogaciones para el uso de insecticidas neonicotinoides «expresamente prohibidos» a nivel europeo, se aplique no solo al tratamiento de las semillas de remolacha (que era el caso preciso sobre el que se pronunció el Tribunal) sino también a la pulverización y a otros cultivos, como el maíz o la colza, así como a otras sustancias.
La directora adjunta de Sanidad, Claire Bury, indicó que «hemos pedido a los Estados miembros que habían concedido derogaciones (antes de la fecha de la sentencia) que las retiren». Es el caso de ocho Estados miembros (España, Eslovaquia, la República Checa y Rumania, entre ellos). «Sin embargo -añadió- hay que ver cómo se pueden retirar o modificar esas derogaciones según el derecho nacional, lo que puede llevar algo de tiempo».
Bruselas ya ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que actualice su procedimiento de seguimiento de las derogaciones para que sea más estricto
Lo productores de los Estados miembros en los que aún no se habían concedido derogaciones (como Francia) esperan que el levantamiento de esas exenciones se haga lo antes posible para evitar distorsiones de la competencia en la próxima campaña.
La Comisión Europea ya ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que actualice su procedimiento de seguimiento de las derogaciones para que sea más estricto, como recoge la reciente actualización de la iniciativa europea sobre los polinizadores.
Por su parte, Bruselas va a preparar nuevas líneas directrices en la materia, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal, que se publicarán «antes del verano», tras consultar a los Estados miembros. Muchos eurodiputados criticaron la actitud de ciertos países (especialmente de Eslovaquia y Bélgica), que estarían presionando a la Comisión Europea para que elija la interpretación menos restrictiva posible de la sentencia.
«Igualdad de condiciones»
Bury advirtió que, «desde el punto de vista de la Comisión, es importante tener una interpretación común para que se aplique de manera uniforme». Por su parte, el presidente de la Comenvi, Pascal Canfin (Francia, Renew Europe), ve una «oportunidad extraordinaria de tener por fin igualdad de condiciones a nivel europeo. Por favor, actúen deprisa y apliquen al pie de la letra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE».
No obstante, hay un insecticida neonicotinoide que todavía puede utilizarse en la UE: el acetamiprid. Su autorización de comercialización no expira hasta 2033. Sin embargo, Francia es uno de los pocos países de la UE que lo ha prohibido. Los profesionales franceses ven ahí una distorsión de la competencia que persiste. La Comisión Europea ha pedido a la AESA que revise los riesgos derivados del uso de esta sustancia. Los resultados se esperan para el mes de julio.
