El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto que recogerá la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva.
Con esta disposición se separan las medidas relativas a estos aceites del resto de aceites vegetales comestibles, dada su singularidad y su relevancia. Según el Ministerio, el hecho de contar con una norma propia, separándola de otros aceites de semillas o de frutos oleaginosos contribuirá a adaptar de mejor manera los sistemas de producción y autocontrol, y las normas de envasado y etiquetado a la normativa comunitaria y a la evolución de los criterios y avances tecnológicos.
El texto establece las normas para la obtención, elaboración, transformación y distribución de aceites de oliva y de orujo de oliva en todas sus fases, incluidos la importación, la comercialización, el almacenamiento, el envasado, el transporte y el comercio minorista. También recoge las denominaciones, características y reglas de etiquetado de estos aceites. No incluye los aspectos higiénico-sanitarios, cubiertos por los reglamentos comunitarios.
En su ámbito de aplicación están comprendidos todos los operadores del sector, en particular las almazaras (incluidas las móviles y las que trabajan a maquila), envasadoras, refinadoras, extractoras, almacenes de los mayoristas (incluidos los de logística), almacenes de los importadores, y exportadores y oficinas de intermediarios mercantiles. Para cada una de las fases de la producción y la comercialización se recogen los requisitos a cumplir. Quedan excluidos los agricultores como productores primarios.
La disposición incluye un sistema de trazabilidad normalizado, que se desarrollará mediante un soporte único informático de uso obligatorio para todos los operadores, con el fin de que se pueda hacer un seguimiento ininterrumpido del producto.
También incluye, en lo que respecta a la comercialización, la obligación de que los establecimientos de hostelería y restauración pongan a disposición de sus clientes envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura y protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido.
Las partes interesadas pueden presentar sus alegaciones a este proyecto hasta el 1 de marzo.
