Las Comunidades Autónomas mantienen discrepancias sobre el reparto de las ayudas planteado por el Gobierno español, en sus propuestas para la aplicación nacional de la reforma de la PAC para 2023-2027. El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se ha reunido este miércoles con representantes autonómicos para comenzar los trabajos del Plan Estratégico Nacional que pondrá en marcha la nueva política agraria, pactada por las instituciones de la Unión Europea.
Cabe recordar que de estos trabajos dependerá la distribución final de las subvenciones y, por ahora, las autonomías se muestran desacuerdo con algunas de las propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como, por ejemplo, los criterios para los derechos de los pagos, la división de las regiones, las primas asociadas (ligadas a la producción) o los eco-esquemas. La convergencia de las ayudas entre regiones es uno de los asuntos más controvertidos e incluso ha provocado protestas de los agricultores.
Posición por Comunidades Autónomas
Andalucía es especialmente crítica con la nueva PAC, considera que la propuesta del Ministerio es «un cheque en blanco muy perjudicial» por la reducción de regiones productivas, su efecto en los eco-esquemas y la «indefinición» sobre los fondos de desarrollo rural.
La Comunidad Autónoma de Aragón defiende que las ayudas se destinen al modelo familiar y a las personas que tienen como actividad principal la agricultura y la ganadería; apuesta por «eliminar los agravios territoriales e individuales del modelo vigente de ayuda», para lo que pide suprimir los actuales derechos históricos.
Por su parte, Asturias comparte posiciones con otras autonomías de la cornisa cantábrica (País Vasco, Cantabria y Galicia); teme que el plan nacional no recoja un trato específico para el sector lácteo o para el modelo de ganadería extensiva de la zona. También reclama una redistribución para compensar a los pequeños agricultores y a las explotaciones familiares sostenibles; y en la figura de agricultor genuino, aboga por situar en el 30% el mínimo de ingresos dependientes del campo, salvo para trabajadores de la Seguridad Social afiliados por cuenta propia en el sector.
Cantabria comparte posiciones con otras autonomías de la cornisa cantábrica; también plantea el mantenimiento de las ayudas asociadas a la ganadería, en vacuno de leche, vaca nodriza, vacuno de cebo y ovino y caprino. Les preocupa sobre todo el diseño de los eco-esquemas, ya que considera que se presta más atención a la agricultura que a la ganadería.
Galicia comparte la posición de la cornisa cantábrica. También lamenta la falta de información previa a esta negociación, por parte del Ministerio, y expresa su «incertidumbre» porque «Francia y Alemania ya cuentan con sus planes estratégicos».
Castilla-La Mancha sostiene que la regionalización se haga según «criterios agronómicos sin usar los valores históricos, tratando por igual a todos los agricultores y ganaderos del país con la misma orientación productiva». Sobre los eco-esquemas, pide que reviertan en beneficio del modelo familiar y profesional.
Por su parte, Castilla y León traza como «línea roja» que la PAC no genere desequilibrios territoriales y pide una apuesta por la figura del agricultor profesional. Destaca la importancia de las ayudas asociadas en sectores «frágiles» -como los ganaderos en extensivo o la leche- y pide una ayuda especial para el ovino y caprino. Sobre los eco-esquemas, critica que el documento presentado del Ministerio «está poco desarrollado» y defiende una alternativa basada en una lista de medidas agroambientales voluntarias.
Cataluña apuesta por que las políticas relacionadas con la PAC y el plan estratégico sean «territorializados» y no diseñados «desde Madrid»; y aspira a mantener los 260 millones obtenidos de la PAC en 2020 y a incentivar la producción ecológica.
Desde Extremadura inciden en una regionalización basada en criterios agronómicos que diferencie «pastos permanentes, tierras arables, cultivos permanentes y cultivos de regadío, y la potencialidad agraria de cada comarca». Consideran que deberían tenerse en cuenta criterios socioeconómicos -como la importancia de un cultivo en el desarrollo rural de la comarca- y un período de transitorio con derechos históricos en los que se avance en la convergencia, pero sin «grandes cambios». Respecto al agricultor activo, opta por elevar al 30% el mínimo de ingresos agrarios exigidos, con exenciones para el que cobre menos de 5.000 euros en ayudas; Extremadura confía en percibir los mismos o más apoyos de la PAC desde 2023.
La Comunidad de Madrid critica la falta de información recibida por parte del Ministerio y de «informes de impacto”. Su mayor preocupación es que solo se destine el 48% de los pagos a la ayuda básica a la renta y que en la redistribución «no se prime a los profesionales, sino que se quiere ir exclusivamente a importes por superficie»; también teme que la criminalización de la ganadería se traduzca en menos fondos.
La Región de Murcia rechaza el mantenimiento de los derechos históricos y, al igual que ocurre con las islas Baleares por su carácter insular, solicita que el «secano de Levante» sea considerado región, para incrementar las ayudas. Además, expresa incertidumbre sobre si las ayudas bastarán para los sectores más afectados por la convergencia, como la ganadería, ante una eventual reducción del valor de los derechos y exclusiones que «contribuirán al abandono». Sobre los eco-esquemas, cree que la propuesta del Ministerio «imposibilita la compensación de pérdidas» del sureste español y prácticas como la siembra directa o la cobertura vegetal en cultivos leñosos.
El País Vasco pretende ser considerada «región propia a efectos de convergencia de derechos, por su singularidad foral, autonomía fiscal y porque «la propuesta reglamentaria aprobada lo posibilita, manteniendo el esquema de derechos de pago actual».
La Rioja reclama la simplificación del actual sistema que comprende 50 regiones en España, y que en el caso riojano «ha generado 14 regiones diferentes agronómicas en un territorio pequeño». Celebra los logros para el sector del vino en la nueva PAC y aboga por una política «más justa» y «flexible».
La Comunidad Valenciana teme perder fondos porque en las propuestas «se mantiene el sistema de derechos históricos que discrimina» a sus agricultores, según fuentes autonómicas, y exige que «cualquier persona que realice la misma actividad tenga los mismos derechos». También quiere cambiar la distribución de los fondos de desarrollo rural, teniendo en cuenta la emergencia climática
Por su parte, Canarias, como región ultraperiférica tiene un régimen diferente al resto del territorio nacional, puesto que el «primer pilar» de pagos procede del programa Posei, para el que se mantiene el presupuesto. Ha alcanzado acuerdos con el Ministerio para adaptar los eco-esquemas y la definición de «agricultor activo» a sus especificidades.
