El Consejo de Ministros aprobó finalmente el 26 de enero el Real Decreto con disposiciones para la aplicación de la PAC en 2021 y 2022, años de transición hasta la entrada en vigor de la reforma de esta política en 2023. El texto, que se publicó en el BOE al día siguiente, recoge las partidas presupuestarias asignadas a los distintos regímenes de ayudas directas en esos dos años; en todos ellos se observa un recorte con respecto al dinero disponible en 2020. Considerándolos en conjunto, la disminución es del 2% en 2021 y en 2022 respecto a 2020.
La partida total para ayudas directas en 2021 asciende a 4.961,08 millones de euros y en 2022 a 4.957,87 millones, frente a los 5.057,03 millones de 2020. El recorte más importante corresponde al régimen de pago básico, el que cuenta con mayor partida presupuestaria. La disminución es de cerca de 54 millones de euros en 2021 y de casi 56 millones en 2022 con respecto a 2020. El año pasado este régimen contó con unos fondos de 2.845,37 millones; en 2021 serán 2.791,39 y en 2022 se dispondrá de 2.789,56 millones de euros. En el caso del pago verde se pasa de 1.468,03 millones de euros en 2020 a 1.440,17 en 2021 y a 1.439,23 en 2022.
La ayuda suplementaria para jóvenes, que en 2020 estaba dotada con 97,86 millones de euros, contará con 96,01 millones en 2021 y con 95,94 millones en 2022. El Ministerio de Agricultura ha recordado que, según el reglamento transitorio publicado el pasado mes de diciembre, España podrá abonar 4.860 millones de euros en concepto de ayudas directas este año y casi 4.900 millones en 2022.
Cambios en el importe de las ayudas
La aplicación de la PAC en los años 2021 y 2022 traerá cambios en el importe de las ayudas directas que perciben los agricultores y ganaderos españoles. Por un lado, por el ajuste presupuestario citado y, por otro, porque continuará el proceso de convergencia del valor de los derechos de pago básico dentro de cada región productiva.
El Ministerio de Agricultura subraya que “el objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores”. Añade que “se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el Ministerio ha propuesto que concluya en el período 2023-2027”. Recuerda, además, que “la Comisión Europea ha recomendado a España (…) la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas (…) y no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años”.
Desde el sector agrario, sin embargo, se ha criticado el sistema de convergencia planteado para esos dos años. ASAJA ha reivindicado una transición más moderada hacia el futuro modelo de PAC y denuncia que finalmente se haya impuesto un modelo de convergencia interna que se aleja del que actualmente se está aplicando.
COAG ha reiterado su posición contraria a la aplicación de una convergencia obligatoria de los derechos de pago básico en las campañas 2021 y 2022 y ha insistido en que habría que esperar a poner en marcha esta convergencia al año 2023, coincidiendo con la aplicación de la reforma. Además, considera que el Real Decreto no responde a criterios redistributivos de carácter social, ya que ajusta el valor de los derechos pero no el montante de ayudas.
Por su parte, UPA ha apuntado que, aunque los beneficiarios con derechos con un valor alto verán cómo se reduce ese importe, los productores con importes bajos pasarán a recibir más por sus derechos. Opina que a la hora de calcular el valor de los derechos hay que tener en cuenta criterios de carácter social y más dirigidos a las explotaciones familiares y considera que habría que analizar en profundidad el impacto en las explotaciones de una reducción importante del valor de los derechos y establecer medidas correctoras.
