En este año 2019 cambian el Parlamento y la Comisión, dos de las tres Instituciones de la Unión Europea más importantes. Y en la tercera, que es el Consejo de Ministros, también hay problemas por la debilidad de algunos de los Gobiernos, como es el caso del español, o porque otros están en manos de partidos antieuropeos, como puede ser el italiano. Este es el “lío institucional” con el que la UE debe afrontar los importantes retos que tiene en este nuevo año y que son vitales para el futuro del sector agrario español.
El primero de ellos, y más urgente, es el Brexit. A fecha de hoy no se sabe cómo va a terminar lo de la salida del Reino Unido de la UE, que debería materializarse el 29 de marzo; el Parlamento británico tiene que decidir todavía si acepta el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas o si, por el contrario, lo rechaza, lo que supondría una especie de “sálvese quien pueda”. Desde el punto de vista de los intereses del campo español destaca, además del problema general, el específico de las ventas agroalimentarias de nuestro país al mercado británico, que supusieron en 2017 unos 4.000 millones de euros. ¿En qué situación quedarían?
El segundo de los retos es la negociación del Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27. La propuesta de la Comisión Europea plantea un recorte del dinero de la PAC para ese periodo, que oscilará entre el 5 y el 15 por ciento dependiendo de cómo se hagan los cálculos, aunque, al final, todo dependería también de cómo se ejecute el Brexit y de lo que suceda con la aportación de este país a las arcas comunitarias, una vez que se produzca la salida. Los Jefes de Estado y de Gobierno se han planteado alcanzar un acuerdo en octubre, aunque eso está por ver. En caso de conseguirse, a continuación llegaría la negociación con el Parlamento Europeo que resulte de las próximas elecciones, que podría ser ingobernable.
El tercero de los retos es la negociación de la futura PAC. Poco se puede avanzar mientras no se conozca el dinero disponible para su financiación. Además también sería necesaria la aprobación del nuevo Parlamento Europeo. De todo lo anterior se deduce que su entrada en vigor no se producirá en 2021, tal y como estaba previsto, sino que deberá esperar hasta 2023, como pronto. Como en el caso del Marco Financiero, también dependerá de lo que suceda con el nuevo Parlamento Europeo. En resumen: todo pasa por el Parlamento Europeo.
