La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que los cambios introducidos en la PAC (Política Agraria Común), que fue objeto de una revisión a comienzos de año ante las protestas del sector, ha dado más flexibilidad en las reglas medioambientales, lo que le aleja de los objetivos en ese ámbito.
En su informe anual sobre evaluación de las políticas agrícolas publicado este miércoles, 6 de noviembre, la OCDE constata también que en la UE se han retrasado o retirado varias propuestas legislativas sobre esta cuestión. En concreto se refiere al marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles o el reglamento sobre el uso de productos fitosanitarios que, a su modo de ver, «muestran las dificultades de incorporar los objetivos europeos del Pacto Verde» a la PAC.
El texto advierte de que «esos contratiempos no reducen la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, ni la importancia de encontrar una vía de soluciones eficaces para unos retos medioambientales acuciantes y antiguos».
La actual PAC se empezó a aplicar en enero de 2023 y debe estar en vigor hasta 2027, período en el que está previsto que movilice unos 307.000 millones de euros de dinero público, de los cuales en torno a dos tercios serán en pagos directos e intervenciones sectoriales, y el resto para el desarrollo rural.
La condicionalidad medioambiental ha quedado flexibilizada con la revisión de la PAC
El texto señala que el pasado año se empezaron a poner en marcha los nuevos tipos de pagos directos a los agricultores, que incluían incentivos para aquellos que voluntariamente decidían aplicar métodos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, esa condicionalidad medioambiental ha quedado flexibilizada con la revisión de la PAC que se aprobó a comienzos de año en respuesta a las protestas del sector.
La opinión del informe sobre esas modificaciones es, en general, crítica: «aunque esos cambios pueden facilitar la aplicación, pueden limitar la eficacia de ese mecanismo para promover bienes públicos o reducir los daños medioambientales».
Propone que, en lugar de aumentar el grado de flexibilidad, habría que estudiar «los beneficios potenciales de reformar la condicionalidad» de las ayudas para centrarse en «un número reducido de prácticas (medioambientales) que sean exigibles y controlables a gran escala».
