Un estudio realizado por encargo del Parlamento Europeo plantea establecer, a partir de 2021, un nuevo régimen de pagos directos contractualizados compuestos por varios niveles dependiendo de los objetivos y los compromisos adquiridos, aunque también de las necesidades. Se incluirían en una PAC construida sobre un pilar y con cofinanciación nacional.
El servicio de análisis de la Asamblea preparó un documento de más de 300 páginas, de cara a un taller de trabajo de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que se celebró recientemente, para reflexionar sobre los “desafíos agrícolas post-2020 en la UE” y para “preparar la próxima reforma de la PAC”.
El texto incluye tres estudios de diferentes investigadores y universitarios sobre el futuro de los pagos directos, las medidas de mercado y los regímenes de gestión de riesgos y el desarrollo rural.
En relación con las ayudas, Alan Matthews, profesor en el Trinity College de Dublín, propone una PAC con un solo pilar, basada en pagos contractuales y bien enfocados en lugar del sistema actual de pagos directos.
Un apoyo orientado a los resultados
“El sistema actual no es ni sostenible a largo plazo ni apto para afrontar los desafíos a que se enfrentan los agricultores y los gestores de tierras en Europa hoy y en el futuro”, afirma el autor del estudio sobre los pagos directos.
Este propone el establecimiento de pagos “dirigidos a objetivos específicos, con una orientación clara en los resultados” y “reestructurados dentro de una PAC con un pilar, programado, plurianual”.
Según él, debería exigirse la cofinanciación nacional “para todos los gastos de la PAC” y, por otro lado, los pagos directos desacoplados actuales “se irían eliminando gradualmente a lo largo de un período fijado con antelación”.
Los ahorros presupuestarios obtenidos se “redirigirían, junto con más gastos, a la gestión de riesgos, la mejora de la competitividad, la acción por el clima y los bienes públicos medioambientales”.
Alan Matthews propone que los derechos al pago se sustituyan por “un marco contractual entre los agricultores y los poderes públicos” y que el pago ligado a la condicionalidad y al reverdecimiento dé paso a “un reverdecimiento condicional, según el cual el beneficio del apoyo público estaría condicionado a la adhesión a un régimen medioambiental de base (ligero) concebido por el Estado miembro”.
Por último, la asignación de los recursos presupuestarios tendría un carácter incentivador con el fin de que los créditos se concedieran a los Estados miembros “sobre la base de los resultados, así como de las necesidades”.
Cinco niveles de pago
Sobre estas bases, el autor propone unos pagos directos estructurados en cinco niveles, cada uno de los cuales perseguiría un objetivo:
- Nivel estabilización de la renta (apoyo transitorio a la renta, sistemas de gestión de crisis y ayudas en caso de crisis).
- Pagos medioambientales de base (adaptados a los distintos sistemas de agricultura).
- Apoyo a la renta (para mantener las explotaciones en las zonas agrícolas marginales, pagos acoplados).
- Pagos medioambientales de más alto nivel (para objetivos más específicos, como las tierras de alto valor natural, producción biológica, especies raras, etc.).
- Competitividad horizontal (desarrollo rural y otros pagos: apoyo a la inversión, intercambio de conocimientos, innovación, comercialización, jóvenes agricultores, agrupaciones de productores, silvicultura, diversificación, infraestructuras, Leader, Horizonte 2020).
Según las recomendaciones de Alan Matthews, este nuevo sistema de ayudas directas debería completarse con medidas de mercado del tipo “red de seguridad” y la organización de la cadena alimentaria.
El autor del estudio sobre los pagos directos trata, por último, de cifrar los gastos que supondría el nuevo dispositivo que propone. En el año 2025, el presupuesto necesario sería de 62.700 millones de euros, de los que 20.900 millones corresponderían a la cofinanciación nacional.
