El año 2022 se cerró con acuerdos provisionales entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre varias de las disposiciones incluidas en el paquete climático «Objetivo 55» (Fit for 55) que afectan al sector agrario, como el reglamento para la aplicación de un dispositivo de tasa al carbono en las fronteras de la UE, el relativo al reparto del esfuerzo y el texto sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (el llamado sector LULUCF). En 2023 deben formalizarse esos acuerdos y ponerse en marcha.
En lo que atañe al sector agrario, el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras de la UE se aplicará a las importaciones de abonos. El objetivo del mismo es igualar el precio del carbono entre los productos de la Unión y los importados, para limitar la fuga de carbono y fomentar la reducción de las emisiones mundiales. Comenzará a aplicarse en octubre de este año, aunque será solo un período de prueba durante el cual las empresas se limitarán a recopilar datos sobre las emisiones de los productos importados.
El acuerdo sobre el reglamento relativo al reparto del esfuerzo contempla una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores llamados «difusos», entre los que se encuentran la agricultura y el transporte, en un 40% de aquí al año 2030, con objetivos por Estados miembros. No obstante, se contemplan medidas de flexibilidad que permiten ajustar la trayectoria de reducción de un año para otro.
Por último, el reglamento relativo al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) incrementa el objetivo comunitario de absorción neta de carbono a través de sumideros naturales. Dicho objetivo será de 310 millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2030. También establece objetivos por Estados miembros para aumentar la captación de carbono. Sin embargo, hasta 2025 se mantienen los objetivos recogidos en la normativa que ha estado vigente hasta ahora, que establece que las emisiones no deben superar a las absorciones.
Biocarburantes
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han adoptado sus respectivas posiciones sobre la directiva relativa a las energías renovables y la Comisión Europea espera que sus negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo sobre la misma concluyan en los primeros meses de este año. Para el sector del transporte, tanto el Consejo como el Parlamento mantienen el techo del 7% para los biocarburantes obtenidos de cultivos alimentarios.
En relación con los biocarburantes, continúan las negociaciones sobre la propuesta de Bruselas relativa a la fiscalidad de las energías renovables. La Comisión Europea ha planteado, entre otras cosas, elevar los impuestos a los biocarburantes de primera generación al mismo nivel que los aplicados a los combustibles fósiles a partir de 2033. Hay mucha división entre los ministros de Finanzas de la UE sobre este proyecto y, dado que se trata de fiscalidad, el acuerdo debe ser unánime.
