Las Cortes Generales aprobaron el 30 de noviembre por unanimidad la ratificación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Este hecho supondrá el inicio de un proceso de reformas estructurales para reducir las emisiones contaminantes en todos los sectores económicos.
De este modo, el Gobierno español se suma a este tratado internacional, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre.
Los grupos de la oposición ha criticado al Gobierno del PP porque, teniendo en cuenta el consenso existente por parte de todos los grupos políticos sobre este asunto, no haya promovido antes esta ratificación. Sin embargo, la diputada del PP, Belén Bajo, ha explicado que «un Gobierno en funciones no podía ratificar un tratado internacional de este calado».
Bajo ha añadido que el hecho de que el proceso de ratificación -que suele tardar seis meses- se haya producido en menos de 15 días «demuestra» el compromiso del Ejecutivo con este tema.
Condiciones del Acuerdo
Las condiciones para que el pacto entrara en vigor (que al menos 55 de los países lo hubieran ratificado sumando más del 55% de las emisiones mundiales) se dieron el 4 de noviembre, solo 11 meses después de su aprobación frente a los más de 7 años que tomó este proceso en el Protocolo de Kioto.
En total, el pacto del clima suma 115 ratificaciones de países que representan un 85% de las emisiones mundiales, y que se comprometen a desarrollar esfuerzos a nivel nacional para que la temperatura del planeta se mantenga muy por debajo de los 2 grados a finales de siglo y, si es posible, no superar los 1,5 grados.
Para ello, los países se han comprometido a presentar compromisos nacionales de reducción de emisiones cada cinco años, siempre al alza en cada revisión. Además los más ricos asumen el apoyo financiero y la capacitación de los más pobres, tanto para adaptación al calentamiento como para que su crecimiento sea bajo en carbono.
España, además de ratificar el Acuerdo de París, se ha comprometido a las emisiones de gases en los sectores difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación) de un 26% y de un 43% en el sector industrial, ambas para 2030 y con respecto a niveles de 2005.
