Los eurodiputados han aprobado este viernes -23 de octubre- su posición sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2022. El equipo negociador del Parlamento Europeo (PE) está listo para iniciar las negociaciones con los ministros de la Unión Europea (UE).
Según recoge el Parlamento, los eurodiputados respaldan un cambio de orientación para adaptar la política agraria de la Unión a las necesidades de cada país concreto, pero insisten en mantener unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión. «Los gobiernos nacionales tendrán que redactar planes estratégicos -que serán aprobados por la Comisión- detallando la forma en que piensan aplicar los objetivos de la UE sobre el terreno. La Comisión comprobará los resultados, y no solo que cumplan con la normativa europea», detalla.
Otro de los aspectos que recalcan los eurodiputados es que los objetivos de los planes estratégicos deben alinearse con los compromisos sobre clima de París. El Parlamento refuerza las prácticas obligatorias en materia de clima y medio ambiente, las conocidas como «normas de condicionalidad» que cada agricultor tiene que aplicar para poder optar a las ayudas directas.
Además, los eurodiputados quieren que se dedique al menos el 35% del presupuesto para desarrollo rural a todo tipo de medidas dirigidas a frenar la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Al menos el 30% del presupuesto para pagos directos se reservará para los regímenes ecológicos, que serán voluntarios pero podrán complementar la renta de los agricultores.
Los eurodiputados insisten en que cada Estado miembro implante servicios de asesoramiento agrícola y en que al menos el 30% de los fondos europeos se destine a ayudar a los agricultores a combatir el cambio climático, gestionar los recursos naturales de forma sostenible y proteger la biodiversidad. También piden a los Estados miembros que incentiven a los agricultores para que reserven un 10% de sus tierras a elementos paisajísticos beneficiosos para la biodiversidad, como los setos, los árboles no productivos o los estanques.
Más apoyo para las pequeñas explotaciones y los jóvenes agricultores
Los eurodiputados abogan por reducir progresivamente el máximo de los pagos directos a los agricultores que reciben más de 60 000 euros anuales y limitarlos a 100 000 euros anuales, pero los agricultores podrían deducir el 50% de los sueldos relacionados con la agricultura del importe total antes de la reducción. Al menos el 6% de los pagos directos nacionales deberá utilizarse para apoyar a los agricultores de pequeñas o medianas explotaciones, pero, si se utiliza más del 10% el límite máximo pasará a ser voluntario.
Los Estados de la UE podrán usar al menos el 4% del presupuesto que destinan a pagos directos para apoyar a los jóvenes agricultores. También podrán obtenerse ayudas del Fondo de Desarrollo Rural, y en este caso tendrán prioridad las inversiones de los jóvenes agricultores.
El Parlamento insiste en que las ayudas europeas han de reservarse para quienes ejerzan un mínimo de actividad agraria. Debe excluirse automáticamente a quienes gestionen aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios o instalaciones deportivas y recreativas permanentes.
Hamburguesas vegetarianas y escalopes de tofu: sin cambios en el etiquetado
Los eurodiputados rechazaron todas las propuestas dirigidas a reservar ciertas denominaciones a productos que contengan carne. Nada cambiará para los productos elaborados a partir de vegetales, que podrán seguir comercializándose con los nombres actuales.
Ayudar a los agricultores a lidiar con los riesgos y a capear las crisis
La Eurocámara reclama más medidas para ayudar a los agricultores a afrontar los riesgos y posibles crisis futuras. Quiere un mercado más transparente, una estrategia de intervención para cada producto agrícola y que las prácticas beneficiosas para el medio ambiente y la salud o el bienestar de los animales no estén sujetas a las normas sobre competencia.
También pide que la reserva de crisis, que ayuda a los agricultores a resistir ante la inestabilidad de los precios o del mercado, deje de ser un instrumento ad hoc y se convierta en permanente, con presupuesto propio.
Sanciones más duras para los reincidentes
El Parlamento quiere aumentar las sanciones contra quienes incumplan reiteradamente las condiciones impuestas por la UE, por ejemplo, sobre medio ambiente o bienestar animal. La reincidencia costará a los agricultores una reducción del 10% del importe total de los pagos (frente al 5% actual).
También plantea que se cree un mecanismo europeo de reclamación ad hoc. El objetivo de este mecanismo sería proteger a los agricultores y a los beneficiarios rurales que sufran un trato injusto o estén en situación de desventaja ante las subvenciones de la UE, en los casos en que el gobierno nacional no haya tramitado bien su reclamación.
 a partir de 2022. El equipo negociador del Parlamento Europeo (PE) está listo para iniciar las negociaciones con los ministros de la Unión Europea (UE).){kind=link}