La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó el día 29 de noviembre, por unanimidad, un proyecto de ley con un conjunto de medidas para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía.
Los diputados han dado el visto bueno al proyecto legislativo que presentó el Gobierno en junio con el objetivo de dar apoyo financiero a los productores frente a los daños por la falta de agua, especialmente en las cuencas más afectadas.
El texto incluye medidas como exenciones en las tasas de riego y la moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social que abonan los agricultores.
La comisión parlamentaria ha aprobado varias enmiendas al texto inicial; algunas modificaciones amplían el alcance geográfico de las medidas que incluyó el Ejecutivo en favor de los regantes.
El real decreto en el que se basa el proyecto de ley planteaba que las explotaciones de las cuencas del Duero, Júcar y Segura -declaradas oficialmente en situación de sequía hidrológica- estén exentas del pago de cánones y tarifas relacionadas con el agua.
Los diputados han respaldado una enmienda del PSOE -solo rechazada por el PP- que amplía el alcance de esas exenciones, para que puedan beneficiar a zonas de otras cuencas también muy perjudicadas por la sequía. Establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), «oídas las Comunidades Autónomas y las organizaciones del sector» delimitará los territorios beneficiados.
El portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Gonzalo Palacín, subrayó que el proyecto de ley inicial «deja fuera demarcaciones como la del Ebro o de la cabecera del Tajo» a pesar de que en muchas de sus poblaciones sufren la carencia del agua.
En otra enmienda, los diputados han pedido una línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por valor de 1.000 millones, para sectores perjudicados, como la ganadería o cultivos de secano.
La comisión parlamentaria también ha apoyado enmiendas para impulsar la utilización de aguas de las desaladoras y la reutilización de aquellas depuradas en los regadíos
Asimismo, los diputados han pedido que se impulse una «doble tarifa» de electricidad por el regadío, con un contrato que tenga dos potencias diferentes en los 12 meses, según las necesidades del suministro, ya que el consumo por parte del productor se intensifica durante una parte de la campaña, pero no es igual en todo el año.
El proyecto de ley será remitido al Senado y, posteriormente, volverá al Congreso para su ratificación final, a principios de 2018.
