Más de la cuarta parte de los pesticidas utilizados en la agricultura americana están prohibidos en la UE, mientras que el 3% están prohibidos en China y el 2% en Brasil. Así lo pone de manifiesto un estudio publicado el 6 de junio en la revista Environmental Health.
Se trata fundamentalmente de herbicidas, pero también de insecticidas y fungicidas. De los 374 principios activos autorizados para la agricultura en Estados Unidos en 2016, 72 estaban prohibidos en la Unión Europea.
Dos productos en particular están prohibidos o serán pronto eliminados tanto en la Unión Europea como en Brasil y China: el Paraquat, un herbicida prohibido en Europa desde 2007, y el forato, un insecticida neurotóxico cuya fumigación aérea ha sido prohibida por el Estado de Nueva York.
El autor de este estudio, Nathan Donley, científico del Centro para la Biodiversidad Biológica, culpa de esta situación a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y denuncia a la Agencia France-presse la influencia de los grupos de presión de los pesticidas y agrícolas sobre los que toman las decisiones. “Cuando la EPA adopta decisiones que no le gustan al sector agrario, se coloca en una situación política delicada”, añadió, ya que es el Congreso el que decide el presupuesto de la EPA.
Nuevas normas para introducir más transparencia
Por otro lado, tras el visto bueno del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE aprobó definitivamente, el 13 de junio, la revisión de la legislación alimentaria general de la UE que introduce más transparencia en la evaluación de los riesgos, en particular, los de los productos fitosanitarios.
Esta revisión es consecuencia de la iniciativa ciudadana “Stop glifosato”, que se puso en marcha tras la polémica reautorización de este herbicida en la UE a finales de 2017.
Prevé, en particular, un mayor acceso del público a los estudios presentados por la industria, una mayor consideración de los estudios universitarios y la posibilidad de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), en circunstancias excepcionales, lleve a cabo sus propios estudios complementarios financiados por el presupuesto de la UE, con el fin de verificar las pruebas utilizadas en su proceso de evaluación.
