La consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, ha enviado un escrito al ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, en el que alerta sobre el «grave riesgo» que supone la plaga de cítricos ‘greening’ o ‘HLB’ y en la que argumenta la necesidad de autorizar la suelta del parásito que frenaría la expansión de la enfermedad.
La Consejería ha recordado que, según un informe del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), se trata de la plaga de cítricos más grave y devastadora que se conoce. Es la responsable del recorte del 70% de la producción en Florida y arrasaría en 15 años con la citricultura española.
Ante esta amenaza, Mollà solicitó a Planas el pasado mes de julio autorizar la suelta del Tamarixia dry, un parasitoide que ha demostrado su eficacia para frenar la expansión del insecto que contagia la enfermedad a los cítricos, de acuerdo a las investigaciones desarrolladas por el Instituto Valenciano de Investigación Agrarias (IVIA) y su homólogo canario.
El ‘greening’ o ‘HLB’ es la plaga de cítricos más grave y devastadora que se conoce
En el escrito, la consejera alerta de que el vector transmisor, que ya fue detectado en el norte del España, ha franqueado Lisboa y «continúa su avance hacia el sur de Portugal, de manera que podría entrar en Huelva en un corto periodo de tiempo».
Asimismo, rechaza la postura de Planas sobre elevar la autorización a la Unión Europea, ya que el artículo 44 de la Ley de Sanidad Vegetal indica que corresponde al Ministerio la potestad de autorizar los organismos exóticos de control biológico.
Por ello, ha exigido al ministro que dé luz verde a la suelta de estos parásitos, ya que permitirían redoblar los esfuerzos para impedir la entrada de una plaga que comportaría un desastre económico y medioambiental, y que actualmente carece de medios de control o de cura.
También ha aprovechado para incidir en la necesidad de extremar los controles en los puertos de entrada de cítricos procedentes de terceros países, tras la detección de cinco partidas infectadas. Un riesgo que se ve agravado por la flexibilidad en otros puertos europeos como el de Rotterdam, donde la inspección «es realizada por una entidad dependiente de los importadores, con la falta de garantías que ello implica”.