ASAJA de Castilla-La Mancha ha responsabilizado al Gobierno central y a la Junta del «malestar social» generado por la crisis de los conejos, además les culpa de las «cuantiosas pérdidas económicas» que ha ocasionado la plaga.
La organización ha acusado a ambas administraciones de «utilizar el problema para fines políticos» y aplicar medidas «ineficaces» para «justificarse», pero «sin voluntad» para resolver un problema que «ha pasado de económico a social».
ASAJA ha recordado que en 2009 trasladó a las administraciones la complicada situación que atravesaban los agricultores, pero ha lamentado que los responsables del control de las especies y de la gestión medioambiental «no solo no han resuelto el problema, sino que además han manipulado el sentimiento de las personas y han contribuido a la proliferación del conejo de monte por la región».
Para la organización, la solución pasa por «sentarse en la misma mesa para planificar las actuaciones simultáneas de todas las administraciones competentes», como derogar el decreto de 2009 que declara el conejo de monte como especie cinegética de interés preferente y fomenta su proliferación, así como declarar oficialmente la plaga de conejos.
En cambio, ha valorado positivamente que hayan sido atendidas algunas de las medidas que ha planteado, como que la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales haya decidido prorrogar durante el mes de abril la posibilidad de usar arma de fuego en las capturas de conejo amparadas en la declaración de comarca de emergencia cinegética.
También ve positivas las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para cazar en zona de dominio público del Alto Guadiana o los trabajos de limpieza que acometerá en el entorno del río Riansares. Sin embargo, ha advertido de que, «si no se interviene en todos los puntos en los que hay superpoblación de conejo, se estará aplicando un nuevo parche y no la solución».
Por otro lado, ha criticado que el Ministerio de Fomento y ADIF, no se hayan pronunciado sobre este asunto, a pesar de que en los taludes de las carreteras y principales vías de comunicación que están bajo su jurisdicción se están concentrando el mayor número de madrigueras.
UPA también pide medidas
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha también ha mostrado su preocupación por los daños causados por los conejos en las explotaciones agrarias de la región.
La organización ha analizado las posibilidades que ofrece la nueva Ley de Caza para atribuir a las administraciones correspondientes la responsabilidad de los daños producidos por especies cinegéticas dentro de las zonas de seguridad como autopistas, autovías o líneas férreas, para que asuman la indemnización.
Además, está pendiente de una Orden de la Consejería de Agricultura que regule el patrimonio cinegético y que permita financiar la adquisición de malla conejera y protectores individuales.
Asimismo, está analizando con la Consejería las consecuencias que se derivarían de una declaración de plaga en algunas comarcas y, a este respecto, ha asegurado que «se van a plantear modificaciones al seguro agrario para que atienda más efectivamente estos daños y disminuya la franquicia actual del 20 por ciento».