Los granjeros neozelandeses han protestado este jueves, 20 de octubre, en diversas ciudades del país contra el plan del Gobierno de imponer tasas desde 2025 a las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero a través de los eructos de ovejas y vacas.
«Sin agricultores no hay alimentos» se leía en varios de los carteles que portaban un número indeterminado de tractores y manifestantes por las calles y carreteras de ciudades como Auckland, Wellington, Christchurch, entre otras localidades del país.
El co-fundador del grupo de presión Groundswell y uno de los organizadores de la protesta, Bryce McKenzie, ha pedido disculpas por las protestas pero ha añadido que «si tienes un gobierno que no te escucha tienes que hacer cosas para que la gente se dé por enterada».
Según Groundswell, el plan reducirá en un 20% la producción ganadera y en un 6% la de los lácteos sin tener un impacto significativo en la reducción de las emisiones globales, así como creará una situación en la que los agricultores nacionales sean reemplazados por otros extranjeros «menos eficientes» al país.
El plan reducirá en un 20% la producción ganadera y en un 6% la de los lácteos
Cabe recordar que el plan de reducción de emisiones agrícolas se presentó la semana pasada y, según el Ejecutivo, responde a los esfuerzos del país oceánico para combatir la crisis climática y, de aprobarse, convertiría a Nueva Zelanda en el primer país en que los agricultores paguen por las emisiones del ganado.
Este plan apunta a la agroganadería porque casi la mitad de las emisiones de Nueva Zelanda, un país de cinco millones de habitantes, proceden de este sector, principalmente por sus 26 millones de ovejas y 10 millones de vacas, mamíferos rumiantes que expulsan el metano producido durante la digestión a través de sus eructos y flatulencias.
El Ejecutivo de Wellington, cuyo objetivo es alcanzar para 2050 la neutralidad de emisiones contaminantes, ha sometido su plan a consultas con los granjeros hasta el 18 de noviembre, antes de que venza su plazo a finales de año para decidir cómo gravará las emisiones del sector agroganadero.
