El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó el lunes 21 de junio los borradores de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo, para el periodo 2022-2027, para hacer frente a la gestión y demanda del agua y los desafíos del cambio climático y para un uso sostenible y responsable del recurso. Ayer inició su fase de consulta pública.
Según el Ministerio, los Planes tienen el objetivo de reducir las presiones que soportan las masas de agua, mejorar los sistemas de depuración, fomentar el ahorro de agua y la reutilización y atender las demandas de agua de manera que sean compatibles con su buen estado, lo que permitirá asegurar la calidad y cantidad del recurso. Una de las novedades es que contienen medidas concretas de adaptación al cambio climático para cada demarcación, en coherencia con las directrices establecidas por la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021-2030).
También ha explicado que en grandes cifras globales, más complejas cuando se desciende a la escala de los múltiples factores a considerar en la planificación hidrológica y de la gran variabilidad geográfica, la reducción en la disponibilidad de agua para los distintos usos aconseja plantearse disminuciones de la utilización del agua del orden del 5% para 2030 y del 15% para 2050.
Los Planes apuestan por la recuperación de acuíferos y por un impulso decidido de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que permita revertir su deterioro hidromorfológico y gestionar el riesgo de inundación. También muestran avances en la determinación de las necesidades hídricas de lagos y humedales: los 54 casos considerados en los planes del segundo ciclo ascienden a 123 en esta última revisión. También la definición e implementación del régimen de caudales ecológicos de nuestros ríos: el número de masas contempladas aumenta de forma muy notable de 170 a 405 masas.
En las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, se plantean medidas que permitan reducir las extracciones, mediante sustitución de bombeos de aguas subterráneas por superficiales y, allí donde no sea suficiente, se plantean restricciones al uso del agua subterránea. Para cumplir estos objetivos, la revisión del tercer ciclo incluye el desarrollo de un Plan de Acción sobre Aguas Subterráneas.
En lo que se refiere al impulso de la seguridad hídrica, la nueva planificación dará mayor protagonismo a la desalación y a la reutilización como fórmulas para equilibrar la oferta con las demandas, sobre todo en los territorios que sufren estrés hídrico. También busca la adecuación de las infraestructuras públicas, en lo que ya se han dado avances: el pasado mes de abril, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se definieron las nuevas normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.
La inversión total provisionalmente programada para el sexenio 2022-2027 se aproxima a los 21.000 millones de euros
Los Planes prestarán especial atención a las zonas protegidas: establecen objetivos de protección de hábitats y especies (Red Natura 2000) y de lucha contra las especies invasoras, y promueven la figura de las Reservas Hidrológicas, con una propuesta de inclusión de nuevas reservas naturales fluviales, y también reservas lacustres y subterráneas.
En particular, proponen soluciones a los problemas que ponen en peligro la salud de ecosistemas de alto valor ecológico, como son los casos del Delta del Ebro, el Mar Menor, Doñana, los humedales de La Mancha o La Albufera.
También se contemplan actuaciones en materia de depuración de vertidos urbanos y de reutilización, bajo el soporte técnico y de gobernanza que se ha establecido a través del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), con el propósito de alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Comisión Europea.
Otro de los principales problemas identificados es la contaminación difusa producida por nitratos de origen agrario. En este sentido, el MITECO está trabajando en la redacción de un proyecto de Real Decreto que dotará de las herramientas adecuadas para poner freno a esta contaminación.
La inversión total provisionalmente programada para el sexenio 2022-2027 se aproxima a los 21.000 millones de euros. De ese importe, 8.000 millones los ejecutará la Administración General del Estado (AGE): la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales.
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