El Tribunal Supremo ha declarado nulas las disposiciones en virtud de las cuales el Ministerio de Agricultura debe seguir las recomendaciones de los Consejos Reguladores de las DO supra-autonómicas respecto a la limitación de nuevas plantaciones de viñedo, replantaciones y conversión de derechos de plantación.
En una sentencia da la razón a la Junta de Extremadura en su recurso contra el decreto que recoge esa disposición. En aplicación del mismo, en 2019 se decidió limitar a 0,1 hectáreas la superficie de nuevas plantaciones en el marco de la DO Cava para los años 2020, 2021 y 2022, lo que supone, en la práctica, su congelación.
Sobre este asunto hablamos en la última emisión de AGROPOPULAR -30 de enero- con Juan Antonio Álvarez, viticultor en Almendralejo (Badajoz) y miembro de la Junta Directiva Comunidad Labradores y de la Junta APAG-ASAJA Extremadura, que valoró positivamente la sentencia del Supremo.
«Prueba que la decisión de limitar las plantaciones era una decisión totalmente arbitraria en favor de unos intereses, en este caso, catalanes y en perjuicio de otras zonas como la extremeña o la valenciana», detalló en antena el viticultor extremeño.
Asimismo, explicó que el Ministerio de Agricultura delegó la capacidad de decisión del potencial vitícola en el Consejo Rector -integrado exclusivamente por bodegas y viticultores catalanes- «para hacernos creer» que esa decisión no era del propio Ministerio sino que era de una decisión que había tomado el órgano rector.
En este sentido, Álvarez añadió que «realmente» la decisión tiene que ser del Ejecutivo central, «como así dicta la sentencia una vez que ha escuchado todas las propuestas de las diferentes zonas, incluida la extremeña».
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Escuche la intervención completa de Juan Antonio Álvarez
 y miembro de la Junta Directiva Comunidad Labradores y de la Junta APAG-ASAJA Extremadura, que señaló que limitar las plantaciones de la DO Cava fue una decisión "arbitraria en favor de los intereses catalanes".){kind=link}