El Tribunal de Cuentas Europeo considera que la Política Agraria Común no tiene suficientemente en cuenta los objetivos de protección de las aguas.
Sólo se les presta una atención parcial, según un informe del Tribunal, en la política de desarrollo rural y en el marco de la condicionalidad.
Sin embargo, el principio de “quien contamina, paga”, por ejemplo, no está incluido en la PAC, por lo que un agricultor que contamine puede seguir recibiendo, sin reducciones, un número significativo de ayudas en el marco del desarrollo rural.
A la vista de ello, el Tribunal hace una serie de recomendaciones a la Comisión y a los Estados miembros, entre ellas que se subsanen los retrasos en la aplicación de la directiva marco del agua y que se haga un seguimiento de la presión que supone la actividad agraria para los recursos hídricos.
