Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco defenderán una postura unitaria ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y, de esta forma, proteger las peculiaridades de sus territorios, especialmente en lo relacionado con la orientación eminentemente ganadera de sus sistema productivo.
Esta posición común se ha fijado durante una reunión que se ha celebrado hoy -15 de marzo- en la que han participado los responsables de agricultura y ganadería de los cuatro Gobiernos autonómicos.
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, ha apuntado que las cuatro comunidades que han suscrito el acuerdo conforman «una unidad biogeográfica que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo».
A su juicio, esta unión dará «más fuerza» para defender los intereses de sus ganaderos y agricultores a la hora de afrontar la negociación de la futura PAC con el objetivo de que tenga en cuenta sus especificidades.
Entre ellas figuran, además del pequeño y mediano tamaño de las explotaciones y su orientación ganadera, el hecho de que estén enclavadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales, «lo que condiciona su productividad y limita su rentabilidad», ha apuntado la consejera.
Asimismo, ha añadido que deben afrontar otros retos comunes como el envejecimiento y la despoblación del medio rural por lo que defienden que la PAC que se aplique a partir de 2020 tenga suficiente presupuesto, sea «más justa y equitativa» y supere los desequilibrios entre territorios.
Por su parte, el consejero cántabro, Jesús Oria, ha apuntado que este acuerdo debe tener continuidad en el futuro para que sea «incluso más concreto» y permita a las cuatro comunidades plantear de forma conjunta sus reivindicaciones en la negociación que se abra a nivel nacional.
El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco, Bittor Oroz, ha agradecido la labor de coordinación realizada por la consejera asturiana que, ha subrayado, convirtió «en un compromiso personal» la necesidad de poner de acuerdo en sus demandas sobre la PAC a las cuatro comunidades.
Las cuatro comunidades que han suscrito el acuerdo conforman «una unidad biogeográfica que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo»
Las autonomías cantábricas coinciden en que las ayudas deben orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad y plantean que se fije un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros para beneficiar a las de menor tamaño.
Asimismo, han reclamado que las ayudas directas se destinen a los agricultores profesionales aunque sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial y que se excluya del sistema a las personas jubiladas.
Otro de los puntos que consideran que se deben llevar a cabo es una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales así como un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.
El documento también plantea que se mantengan las ayudas asociadas a sectores productivos como la ganadería de leche o carne con el objetivo de que la nueva PAC sea «un instrumento para la transformación del campo en un territorio más vivo, con un proyecto propio, integrado y solidario con todos sus residentes».
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