En la ponencia económica preparada por el PP de cara al Congreso del partido, que se celebra este fin de semana del 10-12 de febrero, se destaca la importancia del sector agroalimentario no solo desde el punto de vista económico, sino también social, territorial y medioambiental y apunta que “el mejor indicador la potencia” del mismo lo ofrecen los datos de exportaciones de los últimos años, que alcanzan los 10.000 millones de euros anuales.
Subraya asimismo que es un sector que “proporciona vida a más de 7.000 pueblos de España, al tiempo que, con su actividad, construye, conserva y mejora el paisaje”. Además, en conjunto (considerando la producción primaria, industria, transporte y distribución), aporta cerca del 10% del PIB nacional (unos 90.000 millones de euros) y genera más de 2,5 millones de empleos.
El documento señala que la PAC vigente actualmente “es un paso esencial” para lograr esas cifras, así como para que haya un mayor relevo generacional (con los fondos asignados a los jóvenes), mejorar la profesionalización del sector agrario (centrando las ayudas en quienes ejercen la actividad) y hacer que la actividad agraria sea medioambientalmente más sostenible. Ahora, añade, “España debe comenzar a trabajar en el proceso de definición de la futura PAC a partir de 2021”.
El texto señala, por otro lado, que “la crisis de precios de algunos sectores agroalimentarios, especialmente en el sector lácteo, nos obliga a avanzar en el desarrollo de la Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, en particular en aquellos aspectos que vayan en defensa de los productores y en mejora de la garantía para los consumidores”.
Apunta la necesidad de promover “una agricultura sostenible como base de un modelo agroalimentario europeo que garantice la diversidad de productos que la sociedad demanda, apoyando la agricultura ecológica y buscando la permanente mejora y modernización de regadíos”. En relación con el medio ambiente, afirma que España cumplirá con sus compromisos internacionales y europeos en materia de lucha contra el cambio climático.
Respecto a la política de aguas indica que “en España ya hemos adaptado nuestra planificación a los requerimientos de la Directiva Marco del Agua. Ahora tenemos por delante el reto de analizar, con el consenso de todos, aquellos aspectos de la planificación hidrológica que trascienden el ámbito territorial de cada cuenca, así como la atención a las zonas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos. Todo ello, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial”. Además, “es necesario impulsar un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua” y “culminar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación”. “Por todo ello, nuestro objetivo es alcanzar un Pacto Nacional en materia de Agua, reto especialmente necesario en un país como el nuestro, sujeto con frecuencia a inundaciones y largos periodos de sequía”.
Por otro lado, el texto apunta, como prioridad, la necesidad de “extender la banda ancha en el medio rural”, ya que “la extensión de redes de alta velocidad es un potente instrumento de vertebración y cohesión social”.
